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Tribuna
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Argentina cumplirá sus compromisos

A partir del 2007, comenzaron los errores de política económica. Dos de ellos marcaron un antes y un después

En estas líneas explicaré por qué creo y espero que la Argentina no hará default de su deuda. Para ello, describiré brevemente los errores de política económica del período 2007-2013 y las razones que explican los cambios que se introdujeron al inicio de 2014.

Tras la salida de la convertibilidad, Argentina tuvo un período (2003-07) de crecimiento promedio anual a tasas chinas (8,7%) con inflación moderada (11%) y creación de empleo, acompañadas con fuerte superávit externo y fiscal (3 %).

A partir del 2007, comenzaron los errores de política económica. Dos de ellos marcaron un antes y un después en el funcionamiento del sistema económico. Primero, la intervención del Instituto de Estadísticas oficiales (INDEC) en el año 2007 con el objeto de dibujar una tasa de inflación menor, en vez de atacar la inflación con políticas coordinadas monetarias, fiscales, cambiarias y de ingreso. La otra medida fue la instauración, a fines de 2011, del control de capitales, denominado cepo cambiario, que determinó la inconvertibilidad de la moneda local, junto a las restricciones a las importaciones, para tratar de frenar el fuerte drenaje de divisas que se venía produciendo y que recrudeció en forma de fuga de capitales, antes de las elecciones. Una depreciación moderada de la moneda en un régimen de flotación administrada, para recuperar el retraso del tipo de cambio, hubiera sido la opción adecuada.

En estos años, desaparecieron los superávits externos y fiscales, se financió el fisco con emisión monetaria y apareció un mercado cambiario paralelo e ilegal con una brecha que llegó a alcanzar el 50% respecto a la cotización oficial. La tasa promedio anual de crecimiento de la economía se redujo el 5,2% entre 2008 y 2011, mientras la inflación saltó a algo más del 20%, para dispararse a más del 25%, entre 2012 y 2013, y el PIB caer al 2%.

Argentina se acercaba peligrosamente a una crisis de balanza de pagos con inflación elevada y recesión. A principios del año 2014, las nuevas autoridades económicas tomaron medidas para evitar ese escenario. Así, decidieron: devaluar el peso un 23%, relajar algo el cepo al dólar, absorber parte de la oferta excedente de dinero con letras del Banco Central subiendo las tasas, retirar parcialmente los subsidios a los servicios públicos (que no se produjo) e intentar sincerar las estadísticas oficiales y enmarcar las negociaciones salariales. Y, además, y este es un dato relevante para lo que estamos tratando, se empezó un camino de normalización de las relaciones financieras con el resto del mundo: se acordó el pago de la indemnización con Repsol (ocurrida hace dos años), el pago de la deuda con el Club de Paris y el acatamiento de laudos en el marco del CIADI, luego de años de desconocimiento.

Estas medidas, que no resuelven los problemas de fondo, pueden evitar un agravamiento de la situación económica y permitir que las elecciones presidenciales de 2015 se realicen en un entorno ordenado. La oposición también tiene voluntad e incentivos para apoyar esta opción. Nadie espera que la actual administración ataque los grandes problemas macroeconómicos: la inflación, el cepo cambiario, el déficit fiscal provocado fundamentalmente por subsidios a la energía que representan más de 4% del PIB, pero todos creen que se hará lo imprescindible para que no haya crisis.

En este escenario, la política macroeconómica del aguante (recesión moderada, desempleo creciendo moderadamente, reservas internacionales en amarillo pero no en rojo —20.000 millones de dólares—, inflación entre el 35% y el 40%), el acceso al financiamiento en dólares para los distintos agentes económicos se transforma en crucial. Ello es así porque la financiación externa es el único modo en que la economía, sin hacer los verdaderos deberes, puede seguir financiando las importaciones para el funcionamiento de la economía y el goteo de salida de capitales privados.

Por eso, creo que, al final, el Gobierno argentino —y muy pocos lo criticarán por ello— negociará y acordará con los holdouts el marco para cumplir con lo que el fallo del juez Griessa determinó. En esta negociación, la condición que nuestras autoridades no pueden ni deben soslayar es encontrar la fórmula para llegar al 2015, cuando la cláusula RUFO (que impide a Argentina mejorar la oferta hecha en el canje) haya vencido, para proteger el 93% de la deuda ya consolidada.

Federico I. Poli, es economista y exjefe de Gabinete del exministro de Economía argentino, Roberto Lavagna.

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