La Corte Suprema de EEUU dirime el futuro económico de Argentina

Los nueve integrantes de la Corte Suprema de EE UU se reúnen este jueves en su sede de Washington para decidir si analizarán o no el caso de la deuda argentina en suspensión de pagos desde la crisis del país sudamericano de 2001. Su decisión se difundirá el lunes o martes próximo por cuestiones burocráticas y puede impactar en la economía de Argentina y en futuras reestructuraciones de deuda de otros países.

La demanda fue iniciada por dos de los llamados fondos buitres, NML y Aurelius, que compraron bonos argentinos en 2001 y 2002 a bajo precio y que desde 2003 reclaman en la justicia que Buenos Aires les pague el 100% del valor de esos títulos. Ambos fondos y otros acreedores, incluidos inversores argentinos, rechazaron la propuesta de quita de la mitad del pasivo que ofrecieron en 2005 y 2010 los Gobiernos de los Kirchner, que argumentaban que el sobreendeudamiento había hundido a su país y tornaba impagables las obligaciones anteriores. La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron, canjeó el 93% de la deuda, pero el restante 7% quedó sin reestructurar y en litigio judicial. Dos tercios de ese pasivo no refinanciado había sido emitido en EE UU y por eso es que allí se dirime el caso.

Un juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló en 2012 que Argentina no podía seguir pagando el rendimiento de sus bonos reestructurados hasta que saldara su deuda de 1.330 millones de dólares con NML, Aurelius y otra parte de los acreedores litigantes. Se basó en una cláusula de tratamiento igualitario entre acreedores que contenían los antiguos títulos que se dejaron de pagar en 2001. O sea, o Buenos Aires pagaba a los buitres o suspendía pagos otra vez, en este caso por una deuda de 25.000 millones de dólares con los tenedores de títulos refinanciados. Pero Buenos Aires se niega a abonarles porque considera que sobrevendrían otras demandas por más de 16.000 millones y porque considera que lo justo es que la minoría de acreedores acepte el acuerdo logrado con la mayoría. Además alega que más no puede pagar.

Argentina recurrió a un tribunal de apelaciones de Nueva York, que ratificó en 2013 la sentencia del juez Griesa a favor de los buitres. Por eso, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha pedido al Tribunal Supremo de EE UU que analizara el caso. Los magistrados del máximo tribunal norteamericano suelen descartar la mayoría de las causas y solo abordan aquellas que considera trascendentes para los intereses de su país.

Existen cinco alternativas. Una es que el Tribunal Supremo rechace meterse en el asunto y entonces quedará firme el fallo a favor de los buitres. En ese caso, Argentina puede negarse a pagar y caer en suspensión de pagos de su deuda reestructurada. También puede ofrecerles a los tenedores de los bonos emitidos en 2005 y 2010 pagarles en Buenos Aires, de modo de evitar embargos, pero es seguro que varios de ellos plantearán reparos. Es una opción ya planteada por Fernández. Otro camino es acatar la sentencia y pagarles a los demandantes. Incluso el juez Griesa dejó recientemente abierta la posibilidad de una negociación: “Si Argentina está en una situación financiera por la que no puede pagar, ¿qué es lo que cualquiera de buena fe hace? Viene a la corte y algún tipo de negociación tiene lugar”. El país sudamericano no se encuentra en una crisis como la de 2001/2002, pero en enero pasado se devaluó el peso, la economía se ha estancado y la inflación alcanza al 33% anual.

Si el Tribunal Supremo acepta el caso, el fallo definitivo se conocería dentro de un año, con lo que Argentina ganaría tiempo

En cambio, si el Tribunal Supremo acepta el caso, el fallo definitivo se conocería dentro de un año, con lo que Argentina ganaría tiempo. ¿Tiempo para qué? Es que a finales de 2014 vence una cláusula de los bonos emitidos en la reestructuración que establece que si Buenos Aires mejora la oferta de 2005 y 2010 a los que la rechazaron, los que la aceptaron tienen derecho a recibir también esa ventaja. Por esa cláusula, el Gobierno argentino se niega a negociar con los buitres, porque supondría no solo pagarle más al 7% que rechazó el canje sino al 93%. No hay que olvidar que la suspensión de pagos de Argentina en 2001 ha sido la mayor de la historia mundial, de unos 82.000 millones de dólares. La duda es qué ocurre si Argentina no negocia pero acata un fallo a favor de los buitres: ¿eso la obligaría a abonar más a los tenedores de bonos reestructurados? Es una discusión jurídica.

El Tribunal Supremo puede que se tome dos semanas más para discutir si analiza el caso. O puede acceder a la petición específica de Argentina de que el tribunal de apelaciones de Nueva York revise otra vez el caso. De ese modo, Fernández, que finaliza su Gobierno en diciembre de 2015, ganaría aún más tiempo y tal vez dejaría el asunto para su sucesor.

El máximo tribunal estadounidense también puede que decida pedirle una opinión al procurador (fiscal) general de su país, que es un funcionario elegido por el presidente Barack Obama. También así Argentina ganaría tiempo. El Gobierno demócrata había respaldado en un principio a Argentina ante los tribunales porque considera que un fallo a favor de los buitres que bloquee el pago de la deuda reestructurada perjudicará futuras reestructuraciones de deuda de otros países, al desalentar la aceptación de refinanciaciones o quitas. Después la administración de Obama dejó de respaldar al de Fernández, presionado en parte por la influencia de los acreedores litigantes, pero ahora está mostrándose más abierto a sus peticiones después de que en los últimos meses Argentina pagara sus deudas con empresas norteamericanas que la habían demandado en tribunales internacionales, acordara el final de la suspensión de pagos con el Club de París (grupos de 19 países ricos) vigente también desde 2001 y comenzara a normalizar unas estadísticas públicas que habían sido objetadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). También influyó de forma positiva en el Ejecutivo y el Congreso de EE UU la visita que a ambos poderes hizo una delegación de diputados y senadores argentinos no solo del kirchnerismo sino también de la oposición. Los legisladores sudamericano viajaron para presionar a favor de una sentencia que respalde a su país.

Otros actores también esperan una solución favorable a Argentina, aunque en algunos casos solo por el interés de los acreedores que aceptaron la reestructuración. El sector bancario de Wall Street y Londres, que organiza estos canjes de deuda, ansía una derrota de los buitres. No por nada 106 parlamentarios británicos apoyaron la posición argentina en un manifiesto redactado por la Red Jubileo, una ONG que lucha contra el lastre que supone la deuda externa para los países en desarrollo. Para esos legisladores no importó la disputa con Argentina por las islas Malvinas sino el interés de su sector financiero, según analistas. Francia, México y Brasil se han solidarizado con el Gobierno de Fernández y han acompañado su apelación ante el Supremo. El FMI no se presentó en los tribunales, pero ha manifestado su preocupación por el impacto sistémico de un fallo en contra de Argentina.

Si el país sudamericano evita ahora la ratificación de la sentencia a favor de los buitres y una eventual suspensión de pagos, se espera que se consolide la mejora del humor de los mercados para con él. En los últimos meses, al mismo tiempo que la economía ha empeorado, el Gobierno de Fernández ha adoptado algunas medidas correctivas que fueron elogiadas por los inversores, pero aún prevalece cierta cautela hasta que se defina precisamente el caso judicial de la deuda.