Montoro deja la mayor rebaja de impuestos para después de las elecciones
El ministro revela que los cambios tendrán un coste de 5.000 millones para la recaudación
La reforma tributaria que ultima el Gobierno supondrá un ahorro para los ciudadanos y las empresas de 5.307 millones de euros, según figura en el programa de estabilidad para el periodo 2014-2017 presentado ayer por el equipo económico del Ejecutivo y que remitirá a Bruselas. El documento apenas recoge detalles sobre las medidas que contendrá el nuevo marco fiscal pero si permite vislumbrar una rebaja del IRPF y del impuesto de Sociedades y una subida de los tributos medioambientales (vinculados a la energía e hidrocarburos) y Especiales (tabaco, alcohol...).
Pese a ello, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro —que explicó la parte del informe relativa a la reforma tributaria— aseguró que no habrá “ningún proyecto de compensar a través de subidas normativas propias las bajadas (de impuestos) que estamos programando”. De esta forma, Montoro descartó que para financiar las bajadas de impuestos vaya a subir más los impuestos, aunque el informe revela que los contribuyentes pagarán 2.076 millones más en impuestos indirectos.
La mayor parte de la bajada de impuestos que pondrá en marcha el Gobierno mediante la reforma fiscal se notará dentro de dos años, una vez se hayan celebrado las elecciones legislativas, aunque a buen seguro el Gobierno se reserve el anuncio de la bajada para antes de la campaña electoral. El ahorro para los contribuyentes y empresas ascenderá en 2016 a 4.291 millones de euros, frente a la bajada de 3.092 millones en 2015.
El ministro de Hacienda insistió ayer en que la bajada del IRPF, una de las propuestas estrella del cambio tributario, supondrá un ahorro para los contribuyentes de cerca de unos 4.776 millones de euros en los dos próximos años. Pero será en 2016 cuando el efecto de la disminución de tipos —el máximo está en el 52%— y tramos del impuesto sobre la renta se dejen notar con más nitidez, con un ahorro de 3.291 millones de euros. Montoro explicó posteriormente que estas cifras reflejan el efecto neto sobre las cuentas públicas pero que el impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos será mayor ya que están descontados los supuestos beneficios que tiene la bajada en la economía.
El Ejecutivo ya ha avanzado algunas pinceladas del cambio que planea en el IRPF, el tributo que más aporta a las finanzas públicas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace dos meses en el Congreso que excluirá del pago de este impuesto a los contribuyentes que cobren menos de 12.000 euros. Montoro también ha indicado que aprobará nuevos beneficios fiscales para las familias y ciudadanos con cargas familiares y dependientes.
El informe sobre las proyecciones económicas del Gobierno muestra cómo el impacto de la rebaja del impuesto sobre sociedades se dejará notar dentro de dos años. En 2016, la bajada costará 2.000 millones de euros a las finanzas públicas. El impacto calculado en 2015 será de unos 600 millones, que procederán de los pagos anticipados y fraccionados del impuesto sobre los beneficios empresariales.
La reducción del tipo nominal del impuesto que grava los beneficios de las empresas bajará probablemente del 30% al 25%, según refleja la propuesta sobre la reforma fiscal elaborada por los expertos escogidos por Montoro. El Gobierno ya ha confirmado que tiene intención de aproximar los tipos reales, en el 4% para las grandes empresas, al tipo nominal. Hacienda también ha señalado que pretende suprimir deducciones y bonificaciones para compensar la bajada. No obstante, garantiza que se mantendrán las desgravaciones por I+D+i y algunas relacionadas con el mundo cultural y en concreto el sector cinematográfico.
Una de las decepciones del programa de estabilidad es el escaso resultado de la lucha contra el fraude. El Gobierno solo consigna 1.000 millones en 2014 y no proyecta ningún impacto adicional en años posteriores. La ausencia de mayores resultados de la lucha contra el fraude llama la atención cuando los ingresos públicos de España representan de media un 37% del PIB, nueve puntos por debajo de la media europea, lo que revela un alto grado de economía sumergida.
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