El Gobierno argentino busca reducir el empleo informal

El Congreso recibió un proyecto de ley que quita subvenciones a las empresas con empleados en situación irregular

Cristina Fernández abraza un bebé.
Cristina Fernández abraza un bebé.REUTERS

Latinoamérica ha bajado el paro del 11,1% en 2003 al 6,5% en 2013. Argentina lo ha reducido aún más, del 17,3% al 6,4%. Son cifras que causan envidia en Europa. Lo que no provoca admiración allí son los números del trabajo informal, sin contribuciones para la futura pensión, sin cobertura sanitaria ni derechos laborales. En la región, el 40,2% de los trabajadores carece de seguro de salud y el 39,5% no aporta para su jubilación. Las cifras mejoraron alrededor de diez puntos porcentuales desde 2003. En Argentina, el empleo informal descendió del 49,6% al 33,5%, pero para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún resulta insuficiente.

Por eso, la jefa de Estado anunció el pasado lunes un proyecto de ley para reducir el trabajo en negro al 28% en 2016, cuando ella ya esté fuera del cargo. Su idea es regularizar a unos 300.000 empleados por año. La iniciativa ha ingresado este mismo martes en el Congreso y comenzará a ser discutida la semana próxima en comisiones del Senado. Empresarios han respaldado el proyecto, que ha despertado dudas en la oposición. El kirchnerismo domina las dos cámaras del Parlamento.

La iniciativa prevé la reducción de contribuciones a la Seguridad Social de microempresas y pymes que contraten nuevos trabajadores. Además, permitirá que el Ministerio de Trabajo de Argentina inspeccione las condiciones laborales en las provincias, donde hasta ahora solo requisan las propias autoridades distritales.

El problema radica en que muchas veces los poderes políticos provinciales están demasiado cercanos a los empresarios lugareños y toleran condiciones laborales ilegales. Con el nuevo proyecto, las empresas que sean encontradas en falta no solo deberán pagar multas sino que también perderán las subvenciones que reciban o los contratos que tengan con el Estado y no podrán pedir créditos a bancos estatales.

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