El FMI divide opiniones entre Argentina y sus acreedores

El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, viajó el pasado fin de semana, con una mochila de pensamiento neokeynesiano y algunas medidas ortodoxas en su gestión, a la reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington. También participó allí de la cita ministerial del G20. Parte de la prensa argentina escribió que Kicillof, antiguo militante de la izquierda universitaria, había ido a pedir ayuda al FMI, pero él mismo se encargó de descartar esa versión. En el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina canceló toda su deuda con el Fondo para dejar de estar sometida a las políticas neoliberales que le imponía el organismo a cambio de las refinanciaciones.

“No fuimos a buscar nada. Así que por eso no hay que esperar resultados extraordinarios (del viaje)”, explicó Kicillof en una rueda de prensa que organizó el lunes al llegar a Buenos Aires. También descartó que Argentina quiera volver a someterse a la revisión anual que el Fondo hace de las economías de todos sus miembros, sean o no deudores, desde EE UU hasta cualquiera de los países europeos rescatados por el Fondo en los últimos años o algunos bolivarianos como Nicaragua y Bolivia. Ese examen impuesto por el Artículo IV de constitución del FMI ha sido rechazado por Argentina desde 2006. En Latinoamérica tampoco Venezuela ni Ecuador lo aceptan. Cuba es el único país de la región que no pertenece al Fondo.

El problema radica en que Buenos Aires iniciará en mayo negociaciones formales con los países acreedores del Club de París, incluidos España, EE UU, Alemania, Japón y Holanda, a los que dejó de pagar en la crisis local de 2001. Se trata de un pasivo de alrededor de 9.000 millones de dólares. Las reglas del Club de París establecen que solo se pueden reestructurar obligaciones si el país deudor se encuentra bajo un programa económico del FMI. Los Gobiernos de Kirchner y su sucesora y viuda, Cristina Fernández, siempre han rechazado esta condición, pero antecesores de Kicillof pedían que la exigencia del plan económico fuese sustituida por la reanudación del examen del Artículo IV.

Kicillof dijo que no había viajado a la reunión del Fondo para pedir el Artículo IV. En contraposición a la opinión del organismo, el ministro dijo que a ese informe solo deben someterse los países que le deben dinero. “Ese artículo tiene un peso central para países con deuda con el FMI, algo que pasó en los 90 en Argentina, y con ese artículo condicionan los planes de financiamiento. No tenemos en este momento ningún acuerdo con el Fondo Monetario, al que no le debemos ni un centavo y entonces no es nuestro acreedor. El FMI prefiere que exista (el informe), pero como no tenemos un compromiso con el organismo no lo vemos necesario. Y si se hiciera esa revisión, no tendría ninguna relevancia porque no le debemos ni un centavo”, dejó Kicillof abierta la posibilidad segundos antes descartada. Al organismo que dirige la francesa Christine Lagarde también le interesa reducir el número de países que se resisten al Artículo IV.

Quizá la postura del ministro de Economía argentino, de endurecerse respecto de la revisión anual, obedezca a una estrategia de negociación con el Club de París. Porque en ese grupo hay países como España que no solo reclaman el Artículo IV sino una “supervisión” del Fondo en el pacto de reestructuración de la deuda que negociarán a partir de mayo. Como Argentina no le debe al Fondo, carece de un programa económico elaborado por el organismo. Por eso algunos países acreedores quieren sustituir ese plan por una supervisión. Una exigencia semejante seguramente sea intolerable para el Gobierno de Fernández. Los países que reclaman esa condición advierten de que no pueden sentar un precedente para futuros deudores que también busquen desentenderse del organismo dominado por el voto de EE UU.

En el Artículo IV seguramente aparecerían críticas del FMI contra la política económica de Argentina, como las que disparó en su reciente informe mundial de perspectivas anterior a la reunión del fin de semana. Pero el director del Fondo para América Latina, Alejandro Werner, aprovechó esa cita también para elogiar la devaluación del peso de enero pasado y el recorte de subvenciones anunciado en abril. De someterse a la revisión anual, Argentina tiene el derecho de mantenerla en secreto. Pero lo que le importa al Gobierno de Fernández es que en los próximos meses el FMI dé su aprobación a sus nuevas mediciones de inflación y PIB, de modo que el organismo desista de sancionar a Argentina por manipular las estadísticas con castigos que van desde el cierre del grifo de futuros préstamos hasta la expulsión como miembro. A Buenos Aires no le interesa tanto su relación con el Fondo como el impacto que una sanción pudiese tener en momentos en que busca seducir otra vez a los inversores.

Después de la devaluación, el Gobierno argentino viene adoptando algunas medidas para evitar un colapso económico y recuperar el crecimiento vigoroso perdido en los últimos dos años. Busca atraer el ingreso de divisas al país y para eso es importante un acuerdo con el Club de París. Desde que Argentina dejó de pagarles la deuda, los Gobiernos acreedores han abandonado los préstamos a sus empresas que operan en este país sudamericano.

Fernández viajó el mes pasado a París y recibió el apoyo del presidente de Francia, Francois Hollande, en la negociación con el club. También hay interés porque el presidente español, Mariano Rajoy, visite Argentina en junio, como escala de su viaje al Mundial de Brasil. Sería una prueba de amor de la luna de miel que atraviesan las relaciones entre Buenos Aires y Madrid después de que el Estado argentino pactara la indemnización a Repsol por la nacionalización de YPF.