Las Administraciones rebajan el plazo medio de pago un 21% hasta los 111 días

El periodo medio de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores ascendió a 111 días durante el año pasado, lo que supone un descenso de 30 sobre el plazo del año anterior, pero casi cuatro veces más de lo establecido en la Ley (30 días), según un informe de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM). No obstante, las Administraciones han rebajado el periodo medio de pago un 21% hasta dejarlo en 111 días.

El sector privado, por su parte, tardaron en pagar de media 85 días, 8 días menos que los cálculos de 2012, pero aún lejos de los 60 días que establece la Ley. Las empresas privadas han logrado reducir el plazo de pago en un 8,6% hasta dejarlo en casi tres meses.

El ratio de morosidad se situó en el 5,1%, una mejora de 1,9 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, estas mejoras son "insuficientes" ya que considera que "hay que acabar cuanto antes con este tipo de abusos".

Cañete ha recordado que "la lacra de la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis".

Según el informe de la PMcM, el 68,1% de los empresarios tuvo en 2013 contratos comerciales con clientes que les exigían plazos de pago superiores a los 60 días, y el 75% de las empresas que sufrieron impagos nunca o casi nunca exigieron los intereses de demora.

Para solucionar este problema, la PMcM ha reivindicado la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador con multas desde los 30.000 a los 900.000 euros, una medida que el 94% de los encuestados considera necesario implantar.

Alerta sobre los cambios legales

Cañete ha señalado que el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial puede significar "un paso atrás en la buena dirección que el Gobierno había seguido hasta este momento en materia de morosidad".

La PMcM también ha pedido que se modifique el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público para que "las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra y acabar con la posibilidad de que se alarguen los plazos de pago mediante acuerdos entre las partes".

En opinión de Cañete, si no se modifican estas normas, "sin duda" la situación de pymes y autónomos a la hora de cobrar de acuerdo a los plazos legales empeorará.

Por otro lado, la PMcM ha querido señalar que solo el 15% de las empresas que cumplían los requisitos para acogerse la IVA de caja se acogieron a esta medida, ya que "determinadas compañías estaban comunicado a sus proveedores que en caso de acogerse al IVA de caja no les contratarían más".