Guascor paraliza sus plantas de purines en España por la reforma energética

La multinacional Dresser Rand, propietaria de las renovables del grupo Guascor, ha anunciado este martes que va a paralizar la actividad en las seis plantas de cogeneración eléctrica que tiene en España por la reforma energética y el recorte de las ayudas a estas instalaciones, que utilizan producen energía a partir de los purines. Los cambios del Gobierno, argumenta la empresa en un comunicado, "reducirá de forma importante las primas a sus plantas".

Según añade la compañía estadounidense en el documento, sus cálculos apuntan a que las modificaciones en las ayudas, que se aplicarán con carácter retroactivo desde julio de 2013, supondrá un recorte de aproximadamente el 37% de los fondos que reciben al actuar dentro del régimen especial de producción. "A la espera de que entren en vigor, la empresa ha decidido suspender las operaciones en sus seis plantas, aunque las discusiones con el Gobierno español siguen en marcha", asegura.

Dresser Rand compró en 2011 el negocio renovable a Guascor. Entonces, la compañía no realizó ninguna evaluación de esos intangibles. No osbtante, calcula que la reforma reducirá sus ingresos en 100 millones y sus beneficios, en 4,1 millones de euros. Con ello, así como otras incidencias en Asia y la imposibilidad de vender tres plantas fotovoltáicas, ha revisado a la baja su previsión de resultados para todo 2013.

Desde España, el propio sector del porcino y las empresas de tratamientos de purines han exigido este martes soluciones urgentes que eviten el cierre de las plantas y aseguren la continuidad de las explotaciones ganaderas ante el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno. Sus cálculos elevan al 40% el tijeretazo en las primas.

Según han denunciado desde la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), la propuesta hace una "errónea" equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta "discriminatorio" en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.

El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas.