Hacienda ultima la reforma sobre el impuesto de los depósitos bancarios

Los responsables del Ministerio de Hacienda preparan una reforma del impuesto sobre depósitos bancarios, uno de los tributos con más litigiosidad del sistema fiscal. El Gobierno pretende desenredar la maraña en la que se ha convertido el tributo entre las comunidades que han impulsado el impuesto. Extremadura, Andalucía y Canarias reciben dinero del Estado a cambio de no aplicarlo mientras que Cataluña y Asturias han acudido a los tribunales porque el Ejecutivo les impidió hacerlo. La Comunidad Valenciana, asfixiada por la crisis, planea ahora aprobar un tributo similar, sin el permiso de Hacienda, para recaudar unos 230 millones. Al Gobierno del PP no le gusta este tributo a la banca, que se extiende entre las autonomías ante la escasez de recursos, porque considera que favorece "la fragmentación del mercado de capitales".

Para ordenar la situación, en Hacienda barajan dos opciones: ceder el impuesto a las autonomías pero limitando el tipo de gravamen para dotarlo de cierta homogeneidad o, crear un tipo reducido para el impuesto estatal, entre el 0,02% y el 0,03%, y repartir la recaudación entre los territorios. En función de la opción por la que se decanten podrán presentar una enmienda en los Presupuestos durante su tramitación para que la medida entre en vigor en enero de 2014 o posponerlo para la reforma fiscal que prepara el Gobierno para el primer trimestre del próximo año.

Tras la maniobra del Gobierno de reformar el impuesto está un dictamen judicial que determina que el tributo tiene carácter autonómico. Por eso, cualquiera de las dos soluciones por las que se decante el Gobierno deberá cumplir con los tribunales. "Si la doctrina del Tribunal Constitucional enfatiza que se trata de impuesto autonómico, habría que reconsiderarlo así", admitió el ministro Cristóbal Montoro cuando presentó los Presupuestos de 2014.

El primer paso para evitar que este impuesto se extendiera entre todas las comunidades lo dio Hacienda el año pasado. Entonces, creó un tributo estatal —al tener rango superior al regional anulaba el de las comunidades— con un tipo de gravamen cero. Para compensar a las autonomías que ya tenían el impuesto en vigor, Andalucía, Extremadura y Canarias, les paga una cantidad similar a lo que hubieran recaudado. Existen dudas sobre la legalidad de establecer un tipo cero en el impuesto para evitar que lo cobren las autonomías, otra de las razones para reformar el impuesto.

La opción más extendida en el ministerio pasa por traspasar el tributo a las comunidades y permitir, así, que todos los territorios puedan implantarlo. Pero el Gobierno limitaría los tipos en una horquilla para homogeneizarlo, según fuentes gubernamentales, y evitar grandes diferencias entre territorios. Hacienda quiere limitar el tipo de gravamen que quieren aplicar las comunidades desde el 0,5% hasta el 0,03%. Lo que dejaría la recaudación total en unos 300 millones.

Mientras Hacienda decide el formato del impuesto, la Comunidad Valenciana planea incluirlo en sus Presupuestos para el próximo año. Fuentes del Ejecutivo admiten que estudian recurrir ante el Constitucional esta decisión al igual que hicieron con Cataluña o Asturias, que también trataron de establecerlo por su cuenta.

Este impuesto a la banca se ha convertido en un quebradero de cabeza para Hacienda. Está judicializado desde sus orígenes. El impuesto sobre los depósitos bancarios fue creado en 2001 por el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pero el Ejecutivo popular de José María Aznar decidió recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Casi una década después los tribunales dieron la razón a Extremadura. Entretanto, otras comunidades como Andalucía y Canarias siguieron la estela y aprobaron el impuesto en 2010. Aunque estas tres comunidades tenían el tributo en vigor, no cobraron nada hasta el año pasado porque los bancos interponían sucesivos recursos en los tribunales para evitar pagar.

Ante la decisión de Constitucional, Hacienda se vio obligada a dar luz verde al impuesto. Para evitar que otras comunidades lo establecieran adoptó una polémica decisión. Creó un impuesto similar de carácter estatal y con un gravamen a tipo cero. Durante la tramitación del impuesto estatal, Asturias y Cataluña decidieron aprobarlo para beneficiarse del reparto. Pero el Estado recurrió ante el Constitucional el impuesto de estos territorios. Este tribunal admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno. También, rechazó establecer las medidas cautelares que reclamaba el Ejecutivo para impedir que Cataluña aplicar el impuesto mientras decidía el tribunal. A pesar de ello, la Generalitat espera a la decisión definitiva.