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OPINIÓN

Reducción del déficit y crecimiento del empleo

Tanto la reducción del déficit como la creación de empleo son dos objetivos irrenunciables en estos momentos en los que cabe la esperanza del inicio de la recuperación. La reducción del déficit lo es por imperativo de la Comisión Europea y por la necesidad de normalizar las finanzas públicas y el crecimiento del empleo, y porque es uno de los requisitos para que la sociedad española deje de sufrir, las familias puedan recuperar parte de su bienestar y su capacidad de consumo y/o de ahorro.

Sin embargo, las medidas necesarias para alcanzar ambos objetivos son difíciles de combinar, y por ello surge la controversia entre medidas de crecimiento y medidas de austeridad. Para unos es el sector público el que, a través de un mayor gasto, debe impulsar al crecimiento en detrimento del déficit público. Para otros es la austeridad del sector público la que debe dejar paso a que el sector privado incremente su actividad y el empleo.

El equilibrio es complicado. Las autoridades internacionales, y no solo la Comisión Europea, exigen la continuidad de los recortes de gasto del sector público, y su receta son las tan conocidas reformas estructurales, que o no son suficientes o no tienen fin. Y eso cuando no salen con el consejo de reducir los salarios, desconociendo la gran deflación que se ha producido estos años en el sector privado de la economía, donde no hay empresa que, de acuerdo con los trabajadores y a pesar de los convenios, no haya reducido drásticamente los salarios y aplicado reducciones de plantillas en sus diferentes modalidades.

En opinión de esas autoridades, algunas reformas sí se han hecho bien, como la reforma del sistema financiero, para la que sí ha habido financiación europea. Otras, como la reforma laboral, las califican de insuficientes, y otras, como la reforma de las Administraciones públicas, apenas las mencionan, no vaya a ser que se metan en asuntos internos de la nación española. En opinión de algunos analistas y en mi propia opinión, sí faltan reformas por hacer, pero son reformas que no tendrían que implicar recortes de los servicios públicos y sociales de la población. Por ejemplo, una reforma fiscal que eleve la presión sobre los que más tienen (capital) y más rentas reciben; una reforma política que reduzca el elevado número de asesores y lo que algunos llaman colocados, a pesar de que unos cuantos —no todos— se irían a engrosar el paro; una reforma de la ley electoral que acabe con las ventajas electorales de los grandes partidos y permita al ciudadano votar con listas abiertas al que se lo merezca, y no a los que decidan los propios partidos, y que también permita reducir el número de parlamentarios autonómicos, que trabajan poco y mal por los ingresos que obtienen. Por último, lo más difícil es buscar una solución a la financiación de las comunidades autónomas que adecúe las transferencias y los ingresos a las necesidades que tienen que cubrir, pero sin dejar margen a las inversiones improductivas y los despilfarros que han cometido en el pasado reciente.

Estamos todavía inmersos en un círculo vicioso

Pero es difícil que el Gobierno ataque de verdad estos problemas ni que surja algún acuerdo de Estado importante entre los partidos ahora mayoritarios. De manera que para crear empleo y reducir el paro solo podemos contar con que el sector privado se vea impulsado por las condiciones internacionales y que los empresarios, cansados de la crisis, inviertan, exporten y generen actividad. Y aquí aparece el mayor problema actual, la falta del crédito suficiente para hacerlo. Al sistema financiero se le ha ayudado. El ajuste de las cajas de Ahorros ha sido intenso y se han perdido muchos puestos de trabajo para ganar productividad y eficiencia, pero ahora, gracias a la política monetaria de Banco Central Europeo, los bancos y cajas, en vez de dedicarse a su principal labor —dar crédito a las empresas y familias—, se dedican a financiar al sector público, ganando una buena rentabilidad con el dinero barato que les proporciona el BCE.

Mientras el conjunto de las Administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social) no reduzca sus gastos al nivel de los ingresos disponibles (básicamente, impuestos y cotizaciones sociales), habrá que cubrir el déficit público generando más deuda pública, que habrá que financiar o por inversores internacionales o por bancos españoles e inversores privados españoles. Puede que el cambio que se está sugiriendo en la financiación en algunas pensiones, transfiriéndolas desde la Seguridad Social al Estado, tenga sentido desde el punto de vista de la claridad organizativa, pero no soluciona nada en cuanto a la generación de déficit público.

No se extrañen de que aumente la deuda pública mientras siga existiendo déficit público

Tampoco se soluciona el déficit público transfiriendo más recursos del Estado a las comunidades autónomas, ya sea en forma de puras transferencias o en una mayor participación de los impuestos. El déficit total de las Administraciones públicas seguiría siendo el mismo. Solo con la reducción del gasto, a través de una gestión más eficiente —ya sea de las comunidades autónomas o del Estado—, podría conseguirse el equilibrio entre ingresos y gastos. Quedan todavía muchos gastos ineficientes por eliminar sin tener que someter a los servicios de enseñanza y sanidad a recortes que lo único que hacen, además de reducir el empleo, es rebajar la calidad de los servicios.

Estamos todavía inmersos en un círculo vicioso. Si no se reduce el déficit público, inexorablemente aumentará la deuda pública. Los bancos financiarán la nueva deuda y las renovaciones de la ya existente, dejando escasos recursos para el crédito al sector privado, siendo escasas las posibilidades de emprender o de invertir y, como colofón, haciendo difícil la creación de empleo y la consiguiente reducción del paro. Las discusiones sobre décimas entre las previsiones del Gobierno y de la Comisión Europea del déficit público son insignificantes y dependen del ritmo de crecimiento de la economía que se consiga en los próximos años.

Por tanto, sí a las reformas, pero no en forma de recortes a los ciudadanos, que ya han soportado el peso de la crisis durante muchos años. No se extrañen de que aumente la deuda pública mientras siga existiendo déficit público. Así será a no ser que se puedan obtener ingresos patrimoniales extraordinarios para amortizarla. No les extrañe que no se cree empleo si no hay financiación para el sector privado que pueda generarlo. No les extrañe que los ciudadanos (salvo algunos privilegiados) estén cansados de tantos recortes y de pagar tantos impuestos, mientras ven tanta corrupción y tanto mal hacer entre los políticos que recibieron sus votos. Rompan el círculo vicioso y reformen de verdad las instituciones. El riesgo de no hacerlo está en los votos futuros de los ciudadanos.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).