La interminable historia autonómica

Desde el inicio del ajuste fiscal en 2009, las comunidades autónomas han reducido sus gastos no financieros en un 13% (22.300 millones), descontando el efecto del pago de intereses, o lo que es lo mismo, casi un 2,2% del PIB. El ajuste volverá a repetirse en el año 2014. Los presupuestos detallan que las comunidades recibirán unos 2.000 millones menos en concepto de entregas a cuenta y liquidaciones de lo que recibieron en el 2013. Estos recursos representan en torno al 80% del total de ingresos autonómicos. Esta caída de recursos se suma al ajuste exigido para poder cumplir con el objetivo de déficit autonómico y la incapacidad crónica de los gobiernos regionales de generar ingresos propios. Por estas razones, los ejecutivos autonómicos se verán forzados, de nuevo, a recortar el gasto. La historia interminable.

Las comunidades deben terminar 2014 con un déficit del 1% para cumplir con el objetivo marcado por Bruselas. El ajuste que tendrán que hacer va a depender de cual sea el déficit de cierre de 2013. Vamos considerar dos escenarios. El escenario optimista que supone que estas administraciones cumplen con su objetivo de déficit para el 2013 (1,3%). Y el escenario pesimista donde se desvían de este objetivo. A este respecto, según nuestras propias estimaciones, las autonomías podrían terminar el año con un déficit del 1,8%.

En el escenario optimista, si asumimos que los ingresos de 2014 son los mismos que este año, las comunidades deberían reducir sus gastos en 3.000 millones. Pero, tal como hemos dicho antes, dado que los ingresos caerán en 2.000 millones, el ajuste de los gastos ascenderá a 5.000 millones (-0,5 % PIB). En el escenario menos optimista —cierre de 2013 con un déficit del -1,8%—, el ajuste a realizar puede subir hasta los 10.000 millones.

En ambos escenarios, el ajuste deberá hacerse en un contexto más adverso que en el pasado ya que también en este nivel de la Administración hay que hacer frente a un aumento del gasto en intereses como consecuencia del aumento del nivel de deuda. Además, parece imposible reducir significativamente el gasto en inversiones, tras una caída del 60% desde el comienzo del ajuste. Esto significa que la mayor parte del recorte caerá sobre Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En este sentido, queremos recordar que 10.000 millones es equivalente al recorte que se realizó en 2012 en gasto de Sanidad y Educación.

Pero el lector se puede hacer la siguiente pregunta. Si los ingresos tributarios del presupuesto del próximo año aumentan en un 2,6% (4.500 millones de euros) con respecto al presupuesto de 2013, antes de descontar las participaciones de las administraciones territoriales en IRPF, IVA e impuestos especiales, ¿cómo es posible que los recursos transferidos caigan en unos 2.000 millones?

La explicación reside en que las subidas de impuestos diseñadas por el Gobierno no han supuesto en la practica más ingresos autonómicos. Parte de los 4.500 millones se basan en subidas del impuesto de Sociedades, IVA e impuestos especiales. La subida del impuesto de Sociedades no reporta más ingresos para las comunidades porque este impuesto no es compartido. Además, la subida del IVA (en 2012) y las de los Impuestos Especiales (en 2012 y 2013), a pesar de que estos impuestos si que se comparten, no se refleja en más recursos para las regiones puesto que se ha visto compensado con una reducción de las transferencias del Fondo de Suficiencia por la misma cuantía. Este recorte en la cuantía del fondo esta reflejada en la ley de financiación autonómica aprobada en 2009.

Así, podemos concluir que la incapacidad de los ejecutivos autonómicos para generar recursos propios, o la falta absoluta de corresponsabilidad fiscal, les obliga a reducir gastos. Dado que el problema del déficit español es principalmente de ingresos, sería mejor opción proveer a las comunidades de mecanismos para aumentar los ingresos y que éstas fueran las que tomasen la decisión de aumentar el ingreso o reducir el gasto. Ahora la decisión la toman otros por ellas.

José Ignacio Conde-Ruiz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez son investigadores de Fedea.