Argentina comienza a pagar algunas de sus deudas con empresas extranjeras

Argentina ha hecho oficial este viernes un acuerdo por el que pagará las indemnizaciones por sentencias de tribunales internacionales en su contra y a favor de cinco empresas, tres de EE UU, una británica y una francesa. El país sudamericano, que es el que más demandas contrarias acumula en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hasta ahora no había abonando ningún fallo, pese a que algunos de ellos llevaban hasta seis años sin cumplirse. Pero el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de excedencia mientras se recupera de una operación por un coágulo en la cabeza, ha comenzado a abonar las deudas pendientes. El caso puede servir de ejemplo para Repsol, que reclama 8.000 millones de euros ante el CIADI por la nacionalización en 2012 del 51% de YPF.

Eso sí, Argentina convino con los cinco demandantes que no pagará el 100% de la indemnización dispuesta por los tribunales internacionales ni en efectivo sino que les otorgará títulos públicos con vencimiento en 2015 y 2017 y con una quita de capital del 25%. En total, Buenos Aires emitirá deuda por 500 millones de dólares y bajo su propia legislación, con lo que los casos dejarán de estar en jurisdicción internacional. Además, los litigantes se han comprometido a suscribir otros bonos soberanos de Argentina por 68 millones de dólares en un tiempo en el que en este país escasean las divisas necesarias para financiar el pago de la deuda externa y las importaciones de energía e insumos para su sector productivo, lo que ha llevado a la instauración de controles cambiarios desde 2011.

El acuerdo de Argentina con las cinco empresas también responde a esa necesidad del Gobierno de hacerse de divisas. Sucede que desde hace dos años EE UU viene bloqueando los créditos del Banco Mundial al país sudamericano como represalia por la falta de pago de las sentencias del CIADI, tribunal dependiente de ese organismo, a compañías norteamericanas. La semana pasada, ante el pacto hasta ese momento secreto entre el Gobierno de Fernández y los litigantes, el Banco Mundial anunció que aprobaría un programa de préstamos para Argentina para el periodo 2014/2016. Los desembolsos llegarían a 3.000 millones de dólares, según fuentes oficiales argentinas. Todos estos movimientos empezaron a planearse varios meses antes de que a principios de octubre Fernández dejase interinamente la jefatura de Estado en manos de su vicepresidente, Amado Boudou.

El Gobierno de Fernández cierra así los casos de las demandas que las norteamericanas Azurix, CMS y Continental Casualty, la francesa Vivendi y la británica National Grid habían iniciado por rupturas contractuales derivadas de la crisis argentina de 1998/2002. Tres de esas acreencias ya no están más en manos de las empresas denunciantes sino que, cansadas de esperar, las vendieron a fondos de inversión de riesgo que operan en EE UU: Blue Ridge se quedó con lo de CMS, CC-WB Holding con lo de Continental Casualty y NG-UN Holdings con lo de National Grid. El caso de esta empresa británica era el único de los cinco que no se tramitó en el CIADI sino en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Además de Repsol, otras empresas españolas mantienen causas contra Argentina en el CIADI: Aguas de Bilbao, Marsans, Agbar y Enersis, filial chilena de Endesa, que a su está bajo control de la italiana ENEL. Argentina es el país con más causas pendientes en contra en el CIADI, unas 45, sobre un total de 439, por encima de las 37 que afronta Venezuela.