La nueva ley de telecomunicaciones reduce trámites para las operadoras

Simplificar los trámites y facilitar el despliegue de redes son los dos principales objetivos que persigue el Gobierno con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. La propuesta gubernamental reduce la potestad de las comunidades autónomas y ayuntamientos —por ejemplo, a la hora de autorizar la instalación de antenas— con el objetivo “recuperar la unidad de mercado”, según el Ministerio de Industria, y establece unos requisitos técnicos y procedimientos comunes.

Dentro de ese esfuerzo por facilitar la actuación de las operadoras, éstas ya no necesitarán licencias urbanísticas y medioambientales para desplegar redes en dominios privados. Bastará con que firmen una declaración responsable. Eso sí, a cambio de esta libertad, la nueva norma otorga al ministerio más potestades para inspeccionar las actividades e incluye un régimen de sanciones renovado en el que se reordena la gravedad de las infracciones. El tope máximo para las muy graves pasa de dos a 20 millones de euros.

La lógica de “dinámica liberalizadora” de la reforma es que si se facilita la labor de las operadoras de telecomunicaciones —con la consiguiente reducción de costes— se fomentará la inversión, aumentará la calidad del servicio y los precios para los usuarios bajarán, según fuentes ministeriales. La asociación española de compañías de telecomunicaciones Redtel ha celebrado los cambios y ha señalado que cumple con las expectativas del sector.

Las redes públicas de telecomunicaciones constituirán, a partir de ahora, equipamiento de carácter básico y su instalación se considerará una obra de interés general. Otra muestra más de que el espíritu es fomentar el despliegue de redes y la inversión por parte de los operadores. Según la Comisión Europea, en España se requiere una inversión de unos 25.000 millones de euros en los próximos años para cumplir con el objetivo de la Agenda Digital 2020 que establece que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida ese año.

El propio Ejecutivo comunitario estima que incrementar en un 10% la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1% y el 1,5%. Ese mismo estudio sostiene que duplicar la velocidad de la banda ancha en un país puede acelerar la economía y provocar crecimientos de hasta el 0,3% del PIB.

La nueva CNMC

Uno de los aspectos controvertidos era ver cómo encajaba la nueva ley la desaparición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que pasa a integrarse en la CNMC, el nuevo superregulador. Lo cierto es que hay algunas competencias que ostentaba la CMT —como la gestión y liquidación de tasas, o la llevanza de registros de operadores y abonados— que pasan al ministerio en lugar de la CNMC. Pero en Industria insisten en que esto se debe al nuevo modelo de superregulador, que “mantendrá todas las competencias de análisis y vigilancia de los mercados y la competencia y de resolución de disputas”. El ministerio, insisten, solo se queda con labores que son “puramente administrativas”.

Entre otras novedades, la ley —que modifica la vigente desde 2003— incluye la creación de una comisión interministerial con Sanidad que sirva de "centro de referencia" para informar sobre la influencia en la salud de las emisiones radioeléctricas. También hay una disposición con cambios legales que determinarán las sanciones que se deben imponer por el uso indebido de datos personales a través de las cookies de los sitios web o en el envío de spam o correo basura.