Comisión sobre la desigualdad

Cuando el Gobierno apunta a la salida de la recesión en España durante el actual trimestre del año, describe un concepto técnico: la economía de nuestro país dejará de decrecer después de estar sufriendo la recesión más larga de la democracia: nueve trimestres seguidos de bajada. Pero no dice nada de lo que mucha gente traduce de esas declaraciones en forma de interrogantes: cuándo se recuperará el equilibrio previo a la crisis (que, por cierto, no era óptimo) en materia de empleo, renta disponible y niveles de protección social. No dice nada porque acabar con la recesión no significa terminar con la crisis. Así de emborronado se ha hecho el lenguaje político.

En la anterior crisis económica española, primera mitad de los años noventa, se llegó a una tasa de paro del 24,5% de la población activa (mucho más baja en términos absolutos que la actual) en 1994, y sólo se redujo a un 8% (el porcentaje más bajo de la democracia) en el segundo semestre de 2007. Así pues, se tardaron más de 13 años en obtener lo que se podía denominar “normalidad europea” en materia de empleo. Una tasa de paro de más del 26%, como la actual, es más propia de una depresión que de una recesión. Y si reducirla a un solo dígito tardase más de una década, como la vez anterior, la cuestión es qué ocurriría con el desempleo de larga duración, al menos en dos renglones: cuánta gente mantendría el colchón del seguro de paro (en el mejor de los casos estar sin trabajo menos de dos años) —hoy ya está fuera de este mecanismo de protección más de un 30% de los parados— y cuántos parados estructurales seguirían siendo empleables y no resultarían obsoletos para el mercado de trabajo, como si fueran máquinas.

Una tasa de desempleo del 26% es más propia de una depresión que de una recesión

Es en estos términos en los que ha de abordarse el debate central sobre la crisis económica. Paro, empobrecimiento y disminución de la provisión de bienes públicos son las principales consecuencias de la misma, y el factor diferencial español respecto de la mayoría de los países de nuestro entorno. En vez de una devaluación de la moneda, una devaluación del país. Es por ello por lo que se puede hacer a ese debate “una modesta proposición” como la que en el siglo XVIII hizo el escritor irlandés Jonathan Swift (en aquel caso para evitar que los hijos de los pobres supusiesen una carga para sus padres y para su país): que igual que ha habido comisiones para estudiar las pensiones o la reforma fiscal, se constituya otra de seguimiento de estos temas, que podría denominarse Comisión sobre la Desigualdad. La ventaja sería que si el Gobierno —que ha puesto de moda estas comisiones al margen del Parlamento— no la quiere, podría organizarla la oposición con quienes estudian estos asuntos.

Para que las consecuencias de la crisis no queden “ocultas a primera vista”, rodeadas de una maraña de asuntos instrumentales como la prima de riesgo, el déficit o el crédito. Hay quienes fantasean con la abolición de este debate político (las consecuencias de la crisis económica en la convivencia de los ciudadanos), pero ello es imposible: será importante si es relevante políticamente y la desigualdad de resultados (por el paro, la exclusión o la ausencia de la protección adecuada en la sanidad, las becas, etcétera) tiene un gran impacto en la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, a los niños que crecen en la restricción cotidiana les resulta más difícil obtener una buena educación que a los que se forman en un entorno más acomodado y con más apoyo. La pobreza arruina tanto las aspiraciones como los logros.

En lugar de devaluar la moneda, se ha tendido a devaluar el país entero

España se ha convertido en uno de los países más desiguales de Europa. Otros han logrado no tener unas diferencias tan drásticas. Lo que habrá que atribuir a las políticas económicas, las instituciones, las regulaciones públicas, las normas sociales (sin reformas laborales tan desequilibradas a favor del empresario, como la última de nuestro país), etcétera. Todo modelo económico que no corrija estos extremos (y proporcione igualdad de oportunidades y no movilidad social descendente) acabará enfrentándose a una crisis de legitimidad. Con recesión o sin recesión. Que no nos cambien el debate.