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Los cambios legales y el agotamiento de las ayudas bajan el gasto en prestaciones

El agotamiento de las ayudas de los parados de larga duración y los cambios legales del Gobierno contribuyen a la bajada del 1,8%

Los Servicios Públicos de Empleo pagaron 15.578 millones en la primera mitad del año para cubrir prestaciones y subsidios por desempleo. Es un 1,8% menos que el gasto realizado en el mismo periodo del año pasado, y la primera vez que esta partida desciende desde 2010.

Pese al descenso en el gasto, las previsiones presupuestarias del Gobierno siguen en el aire. Empleo reservó 26.721 millones de euros para esta partida en las cuentas de 2013, pero todo indica que esa estimación será superada, para acercarse a los 30.000 millones. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya habilitó hace una semana una línea de crédito extraordinaria de 5.800 millones para cubrir las futuras necesidades de gasto y financiar bonificaciones al empleo y la formación. Un indicio inequívoco de que el desfase en esta partida presupuestara contribuirá al aumento del déficit público al cierre del ejercicio.

El gasto en prestaciones y subsidios desciende pese a que el número de parados aumentaba en junio en más de 148.000 personas respecto al mismo mes de 2012. La explicación básica reside en que muchos parados han agotado el periodo máximo con derecho a prestación (hasta dos años) por la duración de la crisis económica, que ha enlazado dos recesiones en cinco años.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, un tercio de los desempleados (más de dos millones de personas) llevan más de dos años en paro. Y la cifra no deja de crecer.

Muchos de esos parados pueden entonces solicitar un subsidio, de una cuantía sensiblemente menor a la prestación en la mayoría de los casos, si cumplen con exigentes requisitos de renta. Desde hace varios meses, es mayor el número de personas que cobran subsidios (1,4 millones en junio), que los que tienen derecho a prestación (1,27 millones de personas).

El otro factor determinante son los cambios legales introducidos por el Gobierno del PP para reducir la cuantía de las prestaciones y endurecer el acceso a algunos subsidios. Así, desde agosto del año pasado, la base reguladora de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes del cobró pasó a ser el 50%, frente al 60% vigente hasta entonces. Y este año, se elevaron las exigencias de para los mayores de 55 años, un colectivo de parados al alza, que querían acceder al subsidio.

La confluencia de la duración de la crisis laboral y los cambios legales del Ejecutivo del PP llevan a que la proporción de parados que reciben algún tipo de ayuda y prestación caiga hasta el 62%, un índice de cobertura que no se alcanzaba desde los últimos meses de 2004, aunque entonces la situación del mercado laboral, con la tasa de paro a la mitad del 26% actual, era bien distinta.