El Gobierno acuerda con el naval recurrir la devolución de las ayudas fiscales

España planteará finalmente batalla contra la decisión de Bruselas sobre la devolución de las ayudas fiscales a la financiación de la construcción de barcos. El Gobierno central y dos de las comunidades autónomas afectadas —Asturias y Galicia—, la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC OO, acordaron hoy la presentación de un recurso contra el retorno de esos beneficios fiscales o tax lease del periodo 2007-2011. Ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni ningún otro miembro del Gobierno vasco acudieron a la cita. Urkullu se había mostrado receloso del recurso si no se garantizaban las medidas cautelares.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó tras la reunión que todavía no se ha decidido si se pedirán medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, como apuntó la semana pasada. Soria insistió en que el plazo para presentar el recurso se extiende hasta el próximo 28 de septiembre, de manera que hay tiempo para prepararlo, y ha abogado por “poner en valor” el actual sistema de ayudas fiscales, informa Efe.

La intención del Gobierno, dijo Soria, es presentar un recurso “muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando”, algo que se ha decidido de forma “unánime”. El ministro no desveló el importe de las ayudas que se tendrían que devolver de acuerdo con la decisión europea (se trataba de unos 3.800 millones si la medida se aplicaba desde 2005, pero ahora será desde 2007), pero apuntó que el responsable del cálculo, el Ministerio de Hacienda, está en contacto con los inversores.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo valoró la "unidad de actuación sin precedentes" en torno a este asunto y consideró que las comunidades autónomas, el Gobierno, las empresas y los sindicatos han hecho "un buen trabajo" en la defensa del naval, en el que "se mantiene la esperanza" y se puede "mirar al futuro".

"Vamos a mantener el grupo de trabajo abierto" con el objetivo no solo de "tutelar la salida del impás de los últimos años para volver a contratar" en el sector, sino también de supervisar "la imposición de un recurso fundado en Derecho". Este recurso es "razonable" y se presenta "por coherencia, por responsabilidad y por no ir contra los propios actos", así como "por la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad del sector".

Por su parte, el presidente de Asturias, Javier Fernández, destacó de la reunión dos aspectos. Por un lado, valoró "la voluntad de todos de que el Gobierno, que es el que está habilitado para ello, presente el recurso, porque hay argumentos jurídicos". Por otro, resaltó la coincidencia en "dar seguridad a los inversores y poner en valor el nuevo sistema de financiación" porque "el sector tiene futuro".