Cambios muy lentos en la PAC

En consonancia con el hecho de ser la política comunitaria más antigua, la Política Agrícola Común (PAC) experimenta cambios a una lentitud exasperante, en función de los intereses sectoriales corporativos a los que beneficia, más que a los del conjunto de la economía. Así, la PAC ha sido desde sus inicios una política dirigida al estímulo de la producción, como elemento clave del objetivo de la autosuficiencia continental, quizá adecuado a los tiempos de su formulación, pero que con la globalización han periclitado definitivamente.

Luego menudearon las justificadas protestas de los países emergentes contra el proteccionismo europeo justo en el sector en que podían competir. A las que se añadieron las críticas por el evidente carácter doblemente antiredistributivo de la PAC: porque su financiación, que absorbe aún el 40% del presupuesto de la UE, beneficia a una población que apenas representa el 5% del total; y porque, dentro de esta, repercute en mayor medida sobre los agricultores más prósperos, encabezados por las casas de Windsor y de Alba.

Todo ello incentivó un nuevo cambio de orientación de la PAC, desde el productivismo que acababa en la dilapidación de toneladas de mantequilla a un tono social en favor de las rentas de los agricultores y el desarrollo rural. Y de ello hacia la acentuación de los objetivos de una mayor eficiencia y preservación del medio ambiente: la llamada agricultura verde.

Pero ninguna de esas modificaciones ha sido radical, coherentemente con el excesivo peso del conservadurismo social agrario en las cúpulas de algunas élites políticas europeas. De modo que sobreviven en la PAC elementos contradictorios de cada una de sus capas tectónicas, que evolucionan a ritmo también tectónico.

La última reforma, propiciada por la discusión del nuevo marco financiero comunitario 2014-2020, no es una excepción. Así, en los próximos siete años la PAC seguirá siendo un híbrido de contradictorias herencias superpuestas. No responderá pues a los parámetros de una política social moderna: no se trasvasarán en principio fondos de uno a otro pilar, y convendría hacerlo al de las rentas. Tampoco responderá al requisito de eficiencia que sería exigible del verdadero estatuto sectorial de la agricultura: formar parte intrínseca de una política agroindustrial y, pues, de la política industrial. Ni a una combinación explícitamente definida de ambas.

Desde el punto de vista de los intereses españoles a corto plazo, la continuidad básica del esquema anterior arroja, sin embargo, algunas ventajas: mantiene el nivel de financiación al sector; mantiene la posición del país en el ranking de transferencias a recibir; abre la posibilidad de adecuar mejor la letra pequeña de la PAC a las características del campo nacional. Serán ventajas pírricas o endogámicas, pero con los tiempos que corren, tampoco es mala noticia mantener la posición relativa agrícola y ganadera del país. Quizá la concreción española de la reforma pueda mejorarla, según las pautas de la Eurocámara, siquiera en pequeñas dosis: eliminar los pagos a quienes no son agricultores activos; distribuir más equitativamente las ayudas entre los grandes y los pequeños; flexibilizar, aunque sea moderadamente, los trasvases. Alguna modificación que haga menos indigesta esta vetusta política.