España usará una carta de Kroes de 2009 para defender las ayudas al naval

España se agarra a una carta de la comisaria Neelie Kroes de marzo de 2009, cuando aún era la responsable del área de Competencia, como baza jurídica clave para defender que los armadores no tienen por qué devolver las ayudas fiscales que recibieron. Kroes respondía a una misiva en la que el Gobierno noruego mostraba su inquietud por si el llamado tax lease entrañaba “subsidios a los astilleros españoles, excediendo así los límites de ayudas del Estado de la UE”, ya que “esto crearía distorsión de la competencia con los astilleros europeos”.

Y la comisaria fue tajante: “Mis servicios ya han investigado el asunto”, señala y explica que, según las explicaciones de las autoridades españolas, la medida no se ciñe a los astilleros españoles, sino que pueden beneficiarse de ella los compradores de barcos de otros Estados miembros europeos (Noruega no pertenece a la UE, pero forma parte del mercado común). De esta forma, concluye: “Sobre la base de esa información, ya que no hay evidencia de trato discriminatorio por las autoridades españolas basada en la nacionalidad del astillero, no se prevé acciones adicionales a este respecto”.

Fuentes jurídicas que asesoran a España esgrimen esta misiva como uno de los argumentos de que el Gobierno no podía saber entonces que estas ayudas iban a traer problemas, con lo que Bruselas “por acción u omisión, daba la sensación de que la parecía bien el sistema”, algo a lo jurídicamente se apela como principio de “confianza legítima”. Además, la Comisión se tomó mucho tiempo en abrir expediente a las ayudas españolas: lo hizo en 2011 y la primera denuncia —procedente de Holanda— databa en 2006. “Las ayudas en sí pueden ser discutibles, pero que la Comisión Europa reclame su devolución es una flagrante injusticia”, añaden.

La clave del conflicto estriba en la fecha a partir de la cual Bruselas exige que España devuelva las ayudas. Para las autoridades europeas, los inversores deben devolver cada céntimo de ayuda fiscal obtenida desde octubre de 2005, que es la fecha en la que la comisión abrió un expediente de Francia por un sistema de ayudas muy parecido al español. Sin embargo, a Francia se le reclamaron las ayudas pagadas a partir de esa misma fecha, la de su propio expediente, que fueron cero. Si a España se le aplicase el mismo criterio, el de devolver las ayudas a partir de su propio expediente, abierto en 2011, tampoco tendría que devolver en euro, pues no se aprobaron ayudas en este periodo.

Los españoles defienden que no tenían por qué darse por aludidos con el caso francés y este es otro elemento fundamental.

Bruselas dejó una puerta abierta al acuerdo esta semana: “Hay que intentar en los próximos días volver a analizar el caso, ver si hay nuevos argumentos”, dijo el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.