Montoro concede una exención para la matriculación de yates de alquiler

El paquete de medidas fiscales anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado viernes contiene sorpresas en la letra pequeña del proyecto que recoge subidas de impuestos por 4.600 millones. El ministro ha incluido una exención para la matriculación de yates y barcos de recreo destinadas al alquiler.

“Se regula la exención en este impuesto de primera matriculación o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por las empresas exclusivamente al alquiler con independencia de la longitud de su eslora”, señala el documento. Hasta ahora las embarcaciones con una eslora superior a 15 metros pagaban un 12% de impuesto de matriculación. El Gobierno estima que la medida tendrá un coste para las arcas públicas de 1,2 millones pero recaerá sobre las comunidades. Para el cálculo, Hacienda parte de una valoración media de 600.000 euros por embarcación por lo que la exención del impuesto podía ascender a 72.000 euros por yate, según el proyecto de Ley registrado en el Congreso para su tramitación. El Gobierno justifica la medida para acercar la tributación española a la de otros Estados miembros de la UE, “potenciando el sector de la náutica de recreo”. Hacienda aprobó la medida a propuesta del Ministerio de Fomento, que recuerda que de las 1.189 embarcaciones de este tipo que hay en el mundo, unas 767 tienen base en el Mediterráneo durante el verano. Y de estas solo 11 tienen bandera española.

Hasta ahora las embarcaciones con una eslora superior a 15 metros pagaban un 12% de impuesto de matriculación

“La involucración y apoyo que hemos tenido por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, en los últimos años ha sido determinante en la consecución de este logro.Dejar de penalizar esta actividad repercutirá mayores beneficios para la economía de los que supone la recaudación de un impuesto”, declaró Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN, la patronal de empresas náuticas,tras conocer la medida el viernes.

Otra de las novedades de la quinta gran batería de medidas fiscales emprendidas por Montoro es un aumento de las deducciones fiscales al cine. El Gobierno establece que las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, que vencían el 1 de enero de 2015, “tendrán carácter indefinido”. Estas deducciones ascienden hasta el 18%. Pero además, se amplía el ámbito de la desgravación para incluir los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el 40% del coste de la producción. “Todo lo que sea dar cierta seguridad jurídica y eliminar un horizonte temporal que era incierto es positivo”, aseguró ayer Pedro Pérez, presidente de Fapae, la patronal de los productores audiovisuales. Pérez recuerda que cerca del 30% del coste de una película es por las copias y por la publicidad por lo que aplaude la medida, pero lamenta que no haya cambiado el marco legal. El Gobierno estima que el coste de estas ayudas será de unos 10 millones que se producirán sobre todo a partir de 2016.

Montoro también ha impulsado varias medidas para apoyar a los Ayuntamientos. Así para actividades de especial interés o utilidad para el municipio permitirá que los Ayuntamientos extiendan las bonificaciones que ya pueden aplicar en el IBI u otros tributos locales al impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

“Se trata de una bonificación potestativa de hasta el 95% de la cuota cuando se transmitan terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración”, señala el texto normativo. Eurovegas, el proyecto de macrocasinos y centros de convenciones que proyecta el magnate estadounidense Sheldon Adelson en Madrid, podría beneficiarse de esta medida.

El Gobierno también modifica la valoración catastral para evitar que con las revisiones que hagan los municipios se produzca una reducción de la base imponible.

Por último, el Ejecutivo también modifica la normativa de los fondos de inversión (instituciones de inversión colectiva) para reforzar el papel de las entidades comercializadoras, que podrán ser las que lleven el registro de los partícipes y practicar las retenciones oportunas a los clientes en lugar de las gestoras.