Almunia reitera que los inversores del naval son los que han de pagar las ayudas

No puede actuar de otra forma, y además el coste no recaerá sobre el sector naval, sino sobre los inversores que compraron los barcos. Esta es la síntesis que hace el comisario europeo Joaquín Almunia del conflicto que enfrenta a los astilleros y a todo el arco parlamentario español, por una parte, y a la Comisión Europea por otra.

Las escaramuzas empezaron la semana pasada, cuando Almunia anunció que los 2.800 millones de euros que se habían desgravado armadores e inversores eran ayudas ilegales y que por lo tanto tendrían que ser devueltos. El sector respondió que esa decisión le llevaría a la ruina, mientras miembros del Gobierno español pidieron a Almunia que se lo pensara de nuevo e, incluso, responsables de su propio partido, como los socialistas gallegos, reclamaron la dimisión del hombre que sustituyó a Felipe González al frente del PSOE.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia argumenta, sin embargo, que no tiene margen de maniobra, ya que de no reclamar la devolución de las ayudas concedidas a través del enrevesado instrumento conocido como tax lease estaría violando la legislación de la UE. “Esta decisión no es un capricho o una obsesión mía. Las ayudas eran incompatibles con el marco legal. Y si no respetara este marco, mal servicio le estaría haciendo a la UE, que es una comunidad de derecho”, ha asegurado Almunia tras anunciar la apertura de una investigación a 13 bancos por vulneración de las reglas antimonopolio.

Además de asegurar que no tiene otra posibilidad, el comisario considera que la devolución del dinero al Estado español no tiene por qué suponer la ruina que denuncia el sector. Son los inversores —grupos de interés económico y armadores que compraron los buques— los que deben pagar 2.800 millones, de los que 1.700 corresponderían a empresas de Galicia y el resto, del País Vasco y Asturias. “Ni un solo astillero tendrá que devolver ni un euro”, ha zanjado. Sin embargo, desde los fabricantes se advierte de que esta decisión les dejará sin financiación y, por tanto, sin futuro.

Tampoco da mucha importancia Almunia a los argumentos de que en los contratos de compra se establecía que serían los astilleros los que deberían devolver el dinero. Esos contratos “no existen jurídicamente”, puesto que vulneran las normas de la UE. El comisario ha asegurado que solo reclama el dinero que se concedió a partir de 2005, porque fue entonces cuando Bruselas anunció que ese sistema de ayudas era ilegal. “Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta mitad de 2005 no pedimos la devolución porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo. Damos a España exactamente el mismo trato que dimos a Francia”, ha asegurado.