Pensiones viables, pero justas

La reforma del sistema público de pensiones era de todo punto necesaria. Aunque no hubiera mediado imposición alguna de Bruselas, el mínimo sentido de la responsabilidad del Gobierno debería haberla acometido. El motivo está en las alteraciones de gran significación en las bases sobre las que hasta ahora gravitaba el sistema público, en concreto las muy difíciles perspectivas que se ciernen sobre la economía española. La primera de esas grandes alteraciones es la profundidad y continuidad de la recesión en la economía, que ya ha dañado las finanzas de la Seguridad Social. La segunda tiene que ver con el envejecimiento progresivo de la población española y, en última instancia, la disminución de esta. No cabe esperar entradas de población extranjera como en el último lustro de la fase expansiva anterior a esta crisis.

A tenor de la información disponible, la economía española seguirá siendo incapaz de crear el empleo suficiente como para que las contribuciones cubran las obligaciones comprometidas hasta ahora. La generalidad de las previsiones asigna, en el mejor de los casos, un tibio ritmo de crecimiento económico en los próximos años. Incluso asumiendo una clara recuperación de la actividad, la creación de empleo no será suficiente para alejar los desequilibrios hoy previsibles. Una parte significativa del paro ya es asumido como estructural, difícil de eliminar aun cuando el PIB crezca muy por encima de lo que se prevé.

Desde esas bases, las vías de solución necesariamente erosionarán los derechos de los pensionistas actuales y futuros. Ampliar la edad de jubilación y limitar las cuantías a percibir. El objetivo de sostenibilidad, se ampare o no en una fórmula más o menos complicada, significa adecuar las cuantías a percibir a la capacidad financiera del sistema. Esa es la premisa con la que ha trabajado el grupo de expertos que nombró el Gobierno. A tenor de sus conclusiones, las pensiones se ajustarán a la esperanza de vida de los pensionistas sin que en ningún caso excedan del indicador de inflación tomado como expresión de erosión de la capacidad adquisitiva. Sobre ello gira el denominado “factor de sostenibilidad”. Este será objeto de actualización con arreglo a la evolución de diversas variables, pero en esencia, la situación financiera del sistema, el necesario equilibrio entre ingresos y gastos, y la esperanza de vida del perceptor.

Poco margen para la discusión ofrece la fecha de entrada en vigor de la nueva reforma. Ni la situación actual ni las exigencias de Bruselas permitirán que el Gobierno se entretenga demasiado. Más discutible es que la erosión del poder adquisitivo afecte a todas por igual. La fórmula que finalmente se adopte, además de ser comprensible por la totalidad de los ciudadanos, debería compensar de forma diferencial a aquellos pensionistas con menores percepciones, aunque esto sea a costa de las más elevadas. Esta crisis ya ha generado costes suficientemente elevados a las personas con rentas más bajas y menor capacidad defensiva. El desplazamiento previsible de ahorro hacia esquemas privados de previsión no está ni mucho menos al alcance de todos los pensionistas actuales o futuros. Son estos precisamente los que menos responsabilidad han tenido en el desencadenamiento de la crisis y en su mala gestión.