YPF abre la puerta a una reclamación civil contra Brufau
Repsol asegura que "todas las cuentas de YPF se aprobaron en su asamblea"
La asamblea de accionistas de YPF (51% del Estado argentino y 12% de Repsol) decidió en las primeras horas de la medianoche del viernes abrir la puerta a una demanda civil a su expresidente y actual titular de Repsol, Antonio Brufau, por no cumplir todos los requisitos formales para la aprobación de honorarios a integrantes del consejo de administración de la petrolera argentina de 2003 a 2011, cuando se encontraba en manos del grupo español. El argumento es que parte de los pagos no fueron expresamente aprobados por las asambleas y el directorio (consejo).
Al finalizar una reunión que comenzó el jueves a las 17.00 horas de Argentina (22.00 horas en la península Ibérica), los representantes designados por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidieron reclamar a Brufau y/o los directores que hubieran percibido los pagos y a toda otra persona que por su acción u omisión hubiera facilitado los pagos, 28,5 millones de euros por presuntos daños y perjuicios causados a la empresa cuyo 51% de Repsol fue expropiado en abril de 2012 sin el pago, hasta el momento, de la más mínima indemnización.
La decisión se tomó con el voto del Estado argentino, la oposición de Repsol y la abstención de la mayor parte de los fondos y otros accionistas institucionales. El informe presentado a la junta no impugna la cuantía de los pagos, ni cuestiona los servicios por ellos remunerados ni plantea de tipo fiscal, laboral o penal, según fuentes jurídicas.
En julio pasado, en una asamblea de accionistas posterior a la nacionalización, se ordenó la investigación de la paga para establecer si estaba aprobada por ese cuerpo o si había triplicado la suma autorizada. Cuando comenzaba el viernes en Buenos Aires, los dueños de YPF, entre los que también se cuentan bancos e inversores de las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, analizaron un informe que la compañía reestatalizada elaboró “en relación con la percepción de honorarios en exceso por parte del directorio (consejo de administración)”, según establecía el orden del día de la reunión. En 2011, cuando se pagaron aquellos honorarios, el 57% de YPF pertenecía a Repsol y el 25% a la familia argentina Eskenazi, amiga del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007), al tiempo que el Estado argentino tenía una acción de oro.
En el grupo español niegan que hubiesen cometido incumplimientos legales o estatutarios. “Todos los pagos que se han hecho a empleados de Repsol están recogidos en las cuentas de YPF”, dijeron fuentes en Madrid. “A su vez, todas las cuentas de YPF se aprobaron en su asamblea, donde estaba el representante del Estado. Las cosas se hicieron como hay que hacerlas. Los pagos están en las cuentas de YPF que se registraron en la Bolsa de Buenos Aires y en la SEC (siglas de la Comisión de Valores de EE UU). Entiendo que en la CNV (Comisión Nacional de Valores de Argentina) también están. Son cuentas públicas, auditadas. Esto es una cortina de humo”, opinaron en Repsol.
Fuentes jurídicas argentinas señalaron que el régimen jurídico de las remuneraciones que puede recibir un director no aparece legislado con suficiente claridad en el derecho argentino.
En YPF se planteó en febrero pasado que Brufau era un obstáculo para llegar a un acuerdo de indemnización de Argentina a Repsol por la expropiación del 51% de YPF. Mientras que el presidente del grupo español exige en tribunales internacionales un resarcimiento de 8.000 millones de euros, el vicepresidente de Repsol y presidente de Caixabank, Isidro Fainé, se reunió aquel mes con Fernández en Buenos Aires. La prensa argentina escribió que en aquel encuentro se habló de un pacto para que Repsol recuperara parte de uno de los mayores yacimientos de gas no convencional del mundo, Vaca Muerta, en el sur de Argentina, pero el grupo español negó negociaciones y solo reconoció “meros contactos”. La idea argentina era ceder una participación minoritaria en dicho yacimiento para que Repsol invirtiese fondos en su desarrollo y a cambio no pagar ninguna indemnización por la expropiación de YPF.
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