Tribuna
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Te amargarán la vejez

El lindo país del comisario Olli Rehn es Finlandia. En alguna cosa España debería aspirar a ser como Finlandia. En su Estado del bienestar. Finlandia invierte en sus pensiones el 12% de su PIB, más que el 11,3% de la media comunitaria, mucho más que el 10,1% de España (“2012-Ageingreport”,http://ec.europa.eu/, datos de 2010).

Y aún irá a más. Hasta 2030, Finlandia aumentará el peso de las pensiones en su economía hasta 3,4 puntos más de PIB; casi tres veces más que la media de la OCDE (1,2 puntos) y ¡ocho veces largas! más que España (cuatro décimas), según reveló ayer el Informe de Perspectiva Económica de la OCDE (en www.elpais.es, página 212).

Y sin embargo, el comisario impele a España a bajar el gasto en pensiones, algo más discutible que su sensata conseja de afrontar una reforma fiscal integral.

¿Discutible? Al menos de la manera en que se está traduciendo el mensaje. Veamos. Hay algo indiscutible: el sistema de pensiones encara un doble tsunami, económico y demográfico. La recesión reduce el número de cotizantes; las pensiones de los nuevos jubilados son más altas que las de generaciones anteriores; aumentan las prejubilaciones a causa de los ERE... El tsunami se resume en dos cifras: 11.000 y 1,97.

Once mil. Por vez primera en muchos años, la Seguridad Social exhibió en 2012 un serio déficit, de 11.000 millones, que el Gobierno sacó del Fondo de Reserva (7.000) y de las mutuas (4.000). Y 1,97 es el número de cotizantes cuyas contribuciones financian a cada pensionista. El máximo fue de 2,53, en 2007. Un sistema se considera sostenible cuando al menos 2,1 cotizantes sostienen a un pensionista.

Llegó el profesor Franz de Copenhague: bajar las pensiones según baje el saldo presupuestario

Pero atención, aquí el factor del ciclo pesa mucho, la crisis es mucho peor. No puede decirse que España dedique demasiado dinero a su tercera edad, porque no es cierto. La media de los países europeos en ese gasto es un punto superior a la española. Y en los países más similares, muy muy superior, en la mitad: 14,6 puntos en Francia, 15,3 en Italia, por los 10,1 puntos españoles. Y no tenemos noticia de que esos países afronten ningún ultimátum. Y eso que en Italia no hay tope en la cuantía de la pensión (en España es de 2.548 euros mensuales brutos), que hasta ahora ha equivalido al 80% del último sueldo. Y no hay incompatibilidad entre varias pensiones, como emblematiza el sutil Giuliano Amato, que cobra como exprofesor, exdiputado y exministro. En Francia, el techo es del 70%.

Si urge una profunda reforma de las pensiones, hágase en un marco europeo. Que toque a todos, y no para “sujetar” a un país concreto. Como ocurrió en 2011, cuando muchos elevaron la edad de jubilación. De forma que la edad media de retiro efectivo será en 2020 de 63,5 años, y en todos los países, salvo en Luxemburgo, superior a 61 años. Basta ya de dar bazas a quienes nos presentan a Europa como a una antipática señorita Rotenmeier.

Mientras tanto eso —tampoco— sucede, al menos hay que retocar el sistema, para evitar que capote, aunque aún le quedan unas reservas de 63.008 millones, el 5,93% del PIB. Las recetas convencionales se resumen en una, rebajar la cuantía de las pensiones, el pensionazo: romper el compromiso de aumentarlas según el IPC, ampliar el periodo de cotización para tener derecho a la prestación entera, adelantar el aplazamiento de la jubilación a los 67 años. Todo eso supone meter mano a los bolsillos de los pensionistas. Algunas ideas nuevas, como dos de las generadas en la Comisión presidida por Víctor Pérez Díaz, son peregrinas: indexar las pensiones a las disponibilidades presupuestarias es reducirlas a una política residual, de contables y manguitos. Limitarlas por arriba al IPC en tiempos de bonanza sin fijar topes por abajo es una cláusula-techo cuya inequidad recuerda las cláusulas-suelo de las hipotecas.

El razonamiento ha de ser inverso: ¿queremos pensiones dignas? Si es así, para que sean sostenibles puede hacerse algo más que bajarlas, mecanismo apto incluso para el profesor Franz de Copenhague. Pueden aumentarse las cotizaciones sociales. Aunque su nivel es alto (la máxima es del 28,3%), lo que penaliza el empleo, se pueden arbitrar recursos fiscales que las reemplacen en parte: hay un margen de ocho puntos hasta igualar la presión fiscal comunitaria media. Pues eso, una reforma fiscal integral. O eso, o te amargarán la vejez.

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