Contra los ‘búnkeres’ fiscales

Las nuevas iniciativas de la Unión Europea, el G-20 y la OCDE contra los paraísos y otras permisivas jurisdicciones que pueden englobarse en el concepto de “búnkeres fiscales” constituyen un síntoma de vivacidad institucional, aunque ni mucho menos haya que tocar campanas todavía, dadas las frustrantes experiencias del pasado en este ámbito. Y es que las agencias de calificación y las jurisdicciones desfiscalizadas han contribuido enormemente al agravamiento de la crisis financiera iniciada en la Gran Recesión.

Desde ellas se distribuyeron productos tóxicos como las hipotecas subprime y los productos derivados más insólitos e incontrolados, que han inundado los balances bancarios de agujeros crecientes al modo del trabajo de las termitas o de las dinámicas de las metástasis.

Desde ellas —y no solo desde los ancestrales paraísos caribeños o las islas del Canal— se nutrió la burbuja financiera de préstamos personales y tarjetas de crédito al consumo, como sucedió en el Estado de Delaware, emporio donde radican los domicilios sociales de buena parte de las mayores multinacionales del planeta.

Desde ellas se contaminó al capitalismo industrial con artificiales ingenierías e inmoralidades financieras, generando una catastrófica, aún vigente, distorsión estructural en la competencia leal. Las ventajas adquiridas mediante la piratería fiscal favorecen, sí, a las grandes empresas frente a las pymes, pero también a las grandes sin escrúpulos —clientes y usuarias de los territorios offshore— frente a las que aún los mantienen, y conservan la plena legalidad de sus negocios onshore.

Desde ellas se apoyó a las sociedades criminales a disfrazarse con las apariencias de las empresas legítimas, y se incentivó a que estas adoptasen algunos comportamientos propios de los sospechosos habituales.

Los escándalos aflorados, el creciente descubrimiento de que personajes públicos aparentemente dignos han actuado como evasores fiscales, estimularon a las instituciones a retomar el problema, que languidecía en un G-20 declinante respecto a su revigorización de 2008.

Las instituciones de la UE se proponen reforzar sus viejas directivas de manera que la información automática mutua entre los Estados miembros abrace ahora a todos los datos financieros relevantes, y no solo de las personas físicas, sino también de las jurídicas. Y propondrán que se extienda a todo el mundo. Y los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo han prometido una actuación más enérgica contra los búnkeres fiscales. Habrá que someter tales promesas a la verificación de la realidad. Sobre todo porque más de un Estado miembro —Reino Unido y Luxemburgo, pero también la Holanda que es patria del presidente del Eurogrupo— tienen en este asunto lacerantes intereses creados.

No es el menor que esos Estados miembros sean en sí mismos camuflados búnkeres fiscales. Una depredadora especie que puede extraer de las élites de los países más pobres cerca de un billón de euros anuales, ese auténtico impuesto confiscatorio de su desarrollo económico. La involucración de los países emergentes, más sensibles a estas realidades, debería coadyuvar al impulso de los trabajos del G-20 para recuperar una fiscalidad internacional eficiente y equitativa. Debería. ¿Será así?