La amnistía fiscal cosecha resultados dispares

Una de las primeras medidas de Mariano Rajoy al llegar al Gobierno fue aprobar una amnistía fiscal por sorpresa con la que pretendía recaudar 2.500 millones de euros y aflorar capitales por 25.000 millones. España padecía un problema de desequilibrio presupuestario [encadena abultados déficit] y los ingresos por impuestos se habían desplomado un 20% desde el inicio de la crisis.

El Ejecutivo español incluyó la medida en los Presupuestos para 2012 que aprobó con retraso en la primavera del año pasado. Como la legislación española prohíbe perdonar todas las deudas tributarias, Hacienda estableció un gravamen del 10% para regularizar capitales ocultos y otro del 8% para repatriar dividendos. La normativa que aprobó el Gobierno español presentaba numerosas lagunas que tuvo que tapar con hasta dos directivas adicionales. Debido a la presión de los principales despachos fiscalistas el Gobierno accedió a que se pudieran regularizar capitales pagando solo por los rendimientos de los últimos cuatro ejercicios, los no prescritos. De esta forma permitía que los defraudadores legalizaran sus capitales pagando mucho menos del 10% inicialmente previsto. La medida cosechó el rechazo de los inspectores fiscales, técnicos de la Agencia Tributaria, el organismo que se encarga de gestionar la recaudación, y de los grupos de la oposición.

La amnistía fiscal española resultó un fracaso. Al final de 2012, cuando terminó el plazo, Hacienda solo había ingresado 1.200 millones, la mitad de lo previsto. El Gobierno asegura que el proceso ha permitido aflorar 40.000 millones de patrimonios ocultos pero no ha ofrecido detalles ni explicaciones sobre esta cifra.

El Ejecutivo también tuvo que asumir un importante coste político. El PP había sido muy beligerante contra este proceso cuando estaba en la oposición y los socialistas en el Gobierno barajaron la idea de aprobar una amnistía fiscal. Además, el proceso ha servido para que las grandes fortunas regularizarán parte de su patrimonio pagando una pequeña cantidad. El ex tesorero del PP, implicado en uno de los casos de corrupción más importantes, aprovechó la amnistía fiscal para legalizar parte de los 32 millones de euros que tenía en varias cuentas en Suiza.

Pero la amnistía fiscal no siempre ha sido un fracaso. Otros países ya probaron este indulto tributario para obtener ingresos extraordinarios en épocas de vacas flacas. Uno de los casos más recientes es el de Italia, que en 2009, puso en marcha un proceso denominado “Scudi fiscali”, con el que recaudó cerca de 5.000 millones de euros y afloró otros 85.000 millones.

Peor resultado tuvo Alemania que entre 2004 y 2005 aprobó una amnistía con la que esperaba recaudar unos 5.000 millones. El Ejecutivo de Berlín estableció un peaje para acogerse a este instrumento del 25% lo que desincentivó a los contribuyentes. Al final solo ingresó 1.000 millones.

Los países recurren con demasiada frecuencia a este instrumento para obtener recursos sin subir impuestos que podrían deprimir la economía. En la década de los ochenta países como EE UU, Australia, Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, India o Argentina tuvieron sus respectivas amnistías con resultado dispar. Un informe presentado por el FMI, elaborado por Katherine Baer y Eric Le Borgne, cuestiona la eficacia a largo plazo de estos procesos. El estudio concluye que las amnistías van perdiendo eficacia cuanto más periódicas. Y señala que si los ciudadanos esperan nuevos planes de indultos tributarios “la evasión fiscal se vuelve menos costosa de lo que era antes de la puesta en marcha del programa”.