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El Gobierno se reafirma en su plan de reformas, sin grandes novedades

El Ejecutivo se da nuevos plazos para medidas anunciadas y que ya debían haberse aprobado

Plantea desvincular precios públicos del IPC y un código de gobierno para empresas públicas

Santamaría, Montoro y Guindos, antes de la rueda de prensa.
Santamaría, Montoro y Guindos, antes de la rueda de prensa.

El nuevo programa de reformas que envía el Gobierno a Bruselas será muy distinto al que publicó hace un año. Y, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las numerosas medidas que incorpora son conocidas, ya que el Ejecutivo las anunció en septiembre pasado o en el debate del estado de la Nación, por boca de su presidente, Mariano Rajoy.

Más allá de las medidas fiscales (subida del IRPF en 2014, nuevos impuestos medioambientales, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades), la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado algunas novedades: habrá una Ley de Desindexación, una norma que servirá para desvincular precios públicos de la variación de la inflación, medida por el IPC. Saénz de Santamaría recalcó que esa norma se centrará "en los contratos públicos" y la desvinculó del debate sobre la actualización de las pensiones. Además, la vicepresidenta anunció un nuevo código de buenas prácticas para las empresas públicas.

El resto de prioridades subrayadas por la vicepresidenta son normas ya anunciadas por el Ejecutivo: Sáenz de Santamaría ha asegurado que se acelerará la tramitación de la autoridad fiscal independiente o de la ley de Transparencia (que está en el Congreso). También se acelerará la reforma de la Administración Local, con la que se pretende ahorrar 8.000 millones, o se analizará, antes de junio, como reorganizar el sector público para evitar duplicidades. Y se establecerá una nueva estrategia de empleo a partir de la evaluación de la reforma laboral. "Será un examen independiente, pero estoy convencido de que será favorable", añadió el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Todos estos cambios legales ya estaban previstos en el anterior programa de reformas o en el plan con 72 medidas (entre ellas, una nueva reforma de las pensiones, una ley de colegios profesionales o la regulación del sector eléctrico) que anunció el Gobierno en septiembre pasado, que ya recibió el aplauso de Bruselas por su ambición. En lo que hubo un exceso de ambición, a la vista de los resultados, fue en los plazos que se impuso el propio Ejecutivo: se comprometió a sacar adelante esas medidas en tres o seis meses, cuando los propios trámites legales hacían imposible el objetivo, sobre todo en el caso de los cambios que se plasman en proyectos de ley y deben pasar por las Cámaras. 

Cuando se le inquirió en conferencia de prensa sobre si el nuevo programa no cumplía con las expectativas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se revolvió y enfatizó la dificultad de determinar cuáles son las "expectativas". "¿No le parece ambicioso comprometerse a que la Administración pagará a 30 días a sus proveedores? ¿O que las pymes no tengan que ingresar el IVA hasta que lo cobren. Nada de eso se había hecho antes", añadió Montoro. Son nuevas y ambiciosas, pero, también, ya conocidas: Mariano Rajoy las desveló, junto a otras medidas para facilitar la financiación a emprendedores y autónomos, en el debate del estado de la Nación, hace dos meses. 

 

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