Endesa arremete contra las medidas “discriminatorias” del Gobierno
La eléctrica se ve como lo más afectada y augura un impacto negativo de 1.300 millones al año Afirma que está dispuesta a negociar para rectificar las iniciativas en su trámite parlamentario
El presidente de Endesa, Borja Prado, y su consejero delegado, Andrea Bretan, arremetieron ayer, durante la junta de accionistas de la empresa, contra el Gobierno por las medidas “discriminatorias y expropiatorias” adoptadas en el sistema eléctrico. La crítica de los responsables de Endesa radica en las decisiones aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa y, principalmente, en el proyecto de ley sobre los sistemas insulares y extrapeninsulares que se encuentra en trámite parlamentario.
Prado, no obstante, se mostró dialogante y ofreció la mano abierta al Ejecutivo con el fin de que se puedan entender y modificar algunas medidas durante ese proceso. “No me cansaré de reconocer el acierto y los méritos de la política económica del señor Rajoy y le animo a mantenerse firme en sus decisiones de ajuste y a profundizar en las reformas estructurales de la economía, especialmente de las Administraciones públicas”, enfatizó Prado. Luego matizó: “Sin embargo, no puede dejar de expresar mi preocupación en la regulación del sector elétrico”. Y subió el tono al hablar de su empresa: “Las medidas regulatorias no afectan al sector eléctrico de manera simétrica y equitativa”.
Según Prado, todavía no se pueden cuantificar las consecuencias de la aprobación del proyecto de ley en su redacción actual. Sin embargo, las medidas adoptadas el año pasado tuvieron un impacto de 313 millones de euros en el beneficio operativo de la compañía, que cerró el ejercicio con un beneficio bruto de 7.005 millones. Las ganancias netas se quedaron en 2.034 millones, un 8% menos. Para este año y los sucesivos, “el extremadamente fuerte y discriminatorio impacto económico negativo” ascenderá, según Brentan, a 1.300 millones anuales, de los que habría que descontar lo que pueda trasladar a los clientes.
Prado, en declaraciones a la prensa, destacó que no creía que las medidas fueran “por ser una empresa con capital extranjero [la italiana Enel tiene el 92%]” y adelantó que Endesa no desistirá de la vía jurídica para defender sus derechos. “Es lo correcto en cualquier sistema político y jurídico no arbitrario”, dijo.
Tras la caída de los beneficios, Endesa ha propuesto no repartir dividendo con cargo a 2012. En cuanto a las inversiones, la eléctrica, que ha invertido 10.000 millones desde que está Enel, prevé destinar 2.000 millones al año, con especial atención a Latinoamérica, que ya aporta el 46% del Ebitda (resultado de explotación) del grupo. En 2012, las inversiones fueron de 2.727 millones.
Mientras hablaba a los accionistas, medio centenar de trabajadores protestaban, dentro y fuera de la sede, contra el bloqueo del nuevo convenio. En la junta intervenieron los representantes de UGT y CC OO para reclamar avances y expresar su preocupación con el empleo. Prado respondió que la empresa trabaja en ofrecer “un marco laboral que dé respuesta a las desfavorables condiciones” y ofreció a los sindicatos una reunión con la dirección.
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