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La deuda de las Administraciones públicas alcanza el 86,9% del PIB

El pasivo se eleva hasta los 913.602 millones, según el Banco de España

J. SÉRVULO GONZÁLEZ

La deuda de las Administraciones Públicas españolas ascendió a 913.602 millones de euros hasta febrero, lo que representa un 86,9% del producto interior bruto (PIB), según las últimas cifras publicadas ayer por el Banco de España, elaborados siguiendo los criterios europeos.

Fuente: Banco de España.
Fuente: Banco de España.EL PAÍS

Las instituciones públicas son incapaces, de momento, de taponar la vía de agua de la deuda. Han duplicado su pasivo desde los albores de la crisis en 2007. Solo en febrero pasado, los préstamos y créditos en manos de la Administración pública engordaron en 17.598 millones de euros, unos 30.000 millones durante los dos primeros meses de 2013.

Las entidades locales deben 41.964 millones, un 18% más que en 2011

El volumen de deuda que acumulan las instituciones públicas en España comienza a aproximarse a un nivel que puede perjudicar el crecimiento, según las tesis de reconocidos economistas. En poco más de cinco años las Administraciones Públicas españolas —Estado, comunidades autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social— han pasado de deber el 36,3% registrado a finales de 2007 al 86,9% alcanzado el pasado mes de febrero, el nivel más alto desde principios de siglo pasado y 2,8 puntos más que en diciembre de 2012.

Este volumen de endeudamiento supone un estorbo para la recuperación económica. Las Administraciones Públicas tendrán que pagar más de 40.000 millones de euros en intereses durante 2013, una cantidad similar al rescate que tuvo que pedir el Gobierno a Bruselas para sanear a parte del sistema financiero. El alto coste de la deuda —reflejado en la prima de riesgo— no ayuda a digerir el endeudamiento. Las previsiones del Gobierno pasan por cerrar 2013 con una deuda del 90,5% [incluidos los 40.000 millones de ayudas al sector financiero], según recogen los Presupuestos del Estado para este año. Sin embargo, puede aumentar aún más si finalmente el Ejecutivo pone en marcha un nuevo plan de pago a proveedores, como ha adelantado el Ministerio de Hacienda —entorno a 15.000 millones más— o si el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dotado con 23.000 millones, requiere más recursos.

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El año pasado será recordado por haber sido en el que más rápido creció la deuda en la historia española. Las obligaciones financieras de España aumentaron en más de 147.000 millones en 2012. Visto con perspectiva, los 382.307 millones que se debían en 2007 parecen poco comparados con los 913.602 millones.

El 9% de esta cantidad se corresponde con valores a corto plazo. Es decir, en los próximos 12 meses las Administraciones Públicas tendrán que afrontar vencimientos por 85.141 millones. Otros 610.626 millones son valores con vencimientos a medio y largo plazo. Y el resto, 217.834 millones se clasifican como créditos no comerciales y otros empréstitos, según los datos difundidos por el Banco de España.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un agujero de 7.429 millones de euros

Parte de esta deuda corresponde a los Ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda publicó ayer las cifras de deuda viva de las entidades locales en diciembre de 2012. Las entidades locales registraron a cierre del ejercicio pasado un endeudamiento de 41.964 millones de euros, un 18% más que al cierre del ejercicio anterior.

En esta cantidad se incluyen unos 9.000 millones de euros correspondientes al plan de pago a proveedores que el Gobierno puso en marcha el año pasado para ayudar a los Ayuntamientos a pagar las facturas pendientes. Este mecanismo de liquidez alivió las tensiones de tesorería de los municipios y transformó deuda comercial (facturas con proveedores) en deuda financiera.

Los datos de Hacienda revelan que el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el más endeudado de España: debe 7.429 millones de euros, más que el resto de grandes capitales juntas.

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Sobre la firma

J. SÉRVULO GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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