Las patronales se enfrentan al Gobierno balear por su tasa sobre los envases

El nuevo impuesto sobre los envases que ultima el Gobierno balear cuenta con el rechazo unánime de las principales patronales de las islas. Un acto unitario de estas sirvió ayer para que expresaran su oposición y advirtieran que los efectos de la nueva tasa tendrán repercursiones superiores a las del IVA. El tetrabrick de leche sufrirá un encarecimiento de cinco céntimos, aseguran los empresadios.

El Gobierno balear de José Ramón Bauzá aprobará las leyes de la nueva política fiscal tras meses de anuncios y negociaciones fallidas con los empresarios. “El impuesto sobre los envases no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento), por lo tanto introduce una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos”, manifestiestan de forma coral laspatronales, entre las que se encuentran la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, la Federación de Industrias de Alimentación, la Federación de Hoteleria, la  Federación Restauración Baleares, Anged (gran distribución), Ecoembes y Ecovidrio.

Los empresarios avisan que su rechazo se concretará con diferentes recursos. Prevén activas recursos en lo contencioso y pedir amparo también en el Tribunal Constitucional o ante la Unión Europea, al considerar que se trata de tributos discriminatorios, ilógicos e injustos, con posible doble tributación. Los comerciantes y fabricantes entienden que las cargas sobre los envases "distorsionarán el funcionamiento del comercio mediante mecanismos endiablados de gestión que encarecerán los costes de administración".

La dilatada negociación de los argumentos políticos y técnicos ha retrasado durante tres meses la aplicación de las nuevas tasas. Los dirigentes patronales destacan que el tributo de envases "rompe con la armonización" nacional y europea y afectará a la unidad de mercado que el Gobierno de España impulsa.

Según las patronales, los empresarios del comercio, turismo, bebida y distribución verán afectada su competitividad, con pérdidas de inversión y empleo. La patronal de bares y restaurantes afirma que el nuevo tributo afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo, con el posible cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos.