Carné por puntos para la pesca

Desde el pasado 1 de marzo, pescar de forma ilegal les va a salir más caro tanto a los armadores como a los patrones y capitanes de los barcos con la puesta en marcha del carné por puntos y una actualización de las multas que ya se contemplaban en la Ley de Pesca de 2001. Los armadores se arriesgan no solo a la suspensión de la licencia de la embarcación para ejercer la actividad de dos meses a un año, sino a la pérdida definitiva de la misma. Por su parte, capitanes y patrones se enfrentan a la inhabilitación para ejercer su actividad de dos meses a un año, según el número de puntos que acumulen. Como en el tráfico rodado, pero al revés.

La Cooperativa de Armadores de Vigo, donde se hallan una parte importante de los barcos que operan en los caladeros comunitarios, subraya que la pesca es el único sector de la actividad económica en el que por una infracción administrativa se puede cerrar temporalmente una empresa. No se opone a la medida, pero lamenta que la política de asignación de cuotas no haya sido igual para todos los países.

La lucha contra la pesca ilegal constituye una de las batallas más importantes en las que se han implicado en las últimas décadas desde los grupos ecologistas hasta los organismos internacionales como la FAO o la Comisión Europea. En esta línea se encuentra la aprobación en el seno de la FAO del Código de Conducta de la Pesca en 1995, la puesta en marcha del plan para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal en 2006 y la celebración de una asamblea con los mismos objetivos en 2009.

Esta preocupación por el desarrollo de la pesca ilegal coincide con un deterioro de los recursos en los caladeros, aunque las cifras de los diferentes organismos de investigación no son exactamente coincidentes. En algunos mares, como el Mediterráneo, la situación es especialmente grave, con el 80% de los recursos sobreexplotados. La FAO, por su parte, estima que el 77% de los caladeros del mundo están sobreexplotados, un 52% al máximo.

El hecho de ser una actividad ilegal hace difícil cuantificarla. En los diferentes organismos relacionados con el sector se barajan cifras que van de los 12 a los casi 20 millones de toneladas anuales, por un valor también en un amplio abanico: de los 8.000 a los 16.000 millones de euros. La realidad es que se trata de un fenómeno muy importante si se considera que el volumen de las capturas de peces se sitúa ligeramente por debajo de los 90 millones de toneladas.

El hecho de que la pesca ilegal maneje ese volumen de recursos ha hecho de ella una actividad muy lucrativa. Ello ha dado lugar a que se hayan apuntado a la misma miles de barcos que operan amparados en pabellones de banderas de conveniencia y que, a la vez, se haya desarrollado una fuerte corriente en los organismos internacionales para evitar el auge de un negocio que no existiría si no hubiera barcos que transbordan esa pesca en alta mar o quienes descargan el producto en puertos comunitarios, como sucedió en su día en Las Palmas.

Lo que sucede en la pesca en aguas lejanas, el Pacífico, el Atlántico, las costas africanas o el Índico, especialmente para especies como el pez espada o el atún, no es una situación ajena a las aguas comunitarias, donde el Tribunal de Cuentas ya advertía en su día sobre este problema, denunciando la existencia de datos poco fiables en cada país, inspecciones ineficaces y sanciones no disuasorias.

Las autoridades comunitarias han desarrollado en los últimos años diferentes reglamentos en la línea reclamada desde FAO. En ese contexto se halla la normativa de 2008 para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) y la posterior reglamentación de 2009 por la que se debía poner en marcha el sistema de carné por puntos, cuya entrada en vigor se aplazó en España hasta el pasado 1 de marzo.

Para el sistema del carné por puntos se ha tomado como referencia el existente para el carné de conducir, pero a la inversa. En lugar de asignar unos puntos y reducir los mismos en función de las infracciones, en la pesca se asignan puntos según cada tipo de infracción que van desde los tres a los siete. Esta asignación de puntos se puede aplicar en un mismo acto ilegal, tanto a la licencia del barco, el armador, al patrón o al capitán de la embarcación en función de la naturaleza, el valor o los daños y perjuicios causados al medio ambiente y a los recursos marinos.

La asignación de los puntos no es efectiva hasta que no haya una resolución del organismo competente. Si en una inspección se detectan varias infracciones, solo se podrán asignar hasta 12 puntos. El nuevo sistema afecta a todos los barcos con pabellón español allí donde faenen, así como a patrones y capitanes españoles en todos los mares.

En el caso del barco, el armador perderá la licencia durante dos meses si suma sanciones por 18 puntos, por cuatro meses con 36 puntos, por ocho meses por 54 puntos y de un año por 72 puntos. Si suma 90 puntos, perderá la licencia de forma permanente. Caso de la venta de un barco, en la operación también se incluyen los puntos. Si un barco se halla faenando con la licencia suspendida o retirada, podría quedar inscrito en la lista mundial de barcos ilegales.

En el caso del patrón o el capitán, la persona quedará inhabilitada para desarrollar su actividad durante dos meses con 30 puntos, cuatro meses con 70 puntos, ocho meses con 100 puntos y un año con 130 puntos.

Todos los puntos figurarán en el Registro Nacional de Infracciones. Es posible la redención de puntos si no hay infracciones durante tres años. Igualmente se pueden reducir dos puntos por conductas que contribuyan a una buena aplicación de la política de pesca.

Además de la asignación de puntos, el nuevo sistema contempla una actualización de las multas ya existentes que irán desde los 60 euros para faltas leves a los 300.000 euros para las muy graves.