El Constitucional suspende la norma de horarios comerciales de Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a dar un varapalo a la política comercial de la Generalitat tras suspender de forma cautelar parte del decreto que aprobó en octubre pasado y con el que pretendía blindarse ante las acometidas liberalizadoras en materia de comercio del Ejecutivo central. Tras admitir a trámite el recurso aprobado por el Consejo de Ministros, el TC ha decidido dejar en el aire los cuatro artículos denunciados, al considerar que la norma “vulnera leyes relativas a horarios y afecta a la legislación que puede dictar el Estado”.

La Generalitat no ha tardado en responder con el argumento de que el Estatuto le dota de competencias en materia de comercio y que pretende salvaguardar un modelo comercial basado en la proximidad y en la diversidad de formatos comerciales. El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha anunciado la presentación “inmediata” de un recurso para levantar las medidas cautelares y, en paralelo, la tramitación por la vía urgente de una nueva ley comercial para intentar proteger de forma definitiva la política de la Generalitat.

Los artículos impugnados tratan básicamente los horarios de apertura y cierre de las tiendas, los festivos durante los que no se pueden abrir y fijan el periodo de rebajas de invierno y verano, campañas que la Secretaría de Estado de Comercio intenta eliminar para dar completa libertad a las promociones. Uno de los artículos ahora suspendidos fijaba la imposibilidad de abrir entre las 22.00 y las 7.00, y que el cierre se tenía que avanzar a las 20.00 en fechas singulares como el 24 y el 31 de diciembre. Asimismo, el decreto impedía la apertura los días 1 y 6 de enero, el domingo y el lunes de Pascua, el Primero de Mayo, el 24 de junio y los 11, 25 y 26 de septiembre.

Otro de los artículos impugnados por el Gobierno central y suspendido ahora es el que fija las excepciones sobre estos horarios: establecimientos en puntos fronterizos, gasolineras, farmacias, locales de autoservicio de hasta 150 metros cuadrados y pequeñas tiendas de productos culturales.

Asimismo, la Generalitat también pretendía limitar los periodos de rebajas a dos campañas, a celebrar entre el 7 de enero y el 6 de marzo y entre el 1 de julio y el 31 de agosto. El mantenimiento de ambos periodos de descuentos respondía a la petición del pequeño comercio, que teme que la libertad para aplicar promociones acabe beneficiando a los grandes operadores, con un mayor margen de maniobra para presentar descuentos.

La Confederación del Comercio de Cataluña se ha mostrado esperanzada este miércoles de que el TC acabe dando la razón a los argumentos de la Generalitat. Sinó, ha dicho su secretario general, Miquel Àngel Fraile, se podrían producir “daños irreparables”. Puig ha tomado el discurso de la patronal del pequeño comercio y ha denunciado que el Gobierno central está intentando armar una ofensiva contra el modelo catalán que, con decisiones como la del Tribunal Constitucional, “puede dinamitar el modelo catalán”. El consejero niega que la liberalización preconizada por Madrid genere mayor actividad económica y creación de empleo como argumenta el Ministerio. Según la Generalitat, su modelo es similar al de otros países europeos.