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El plan de lucha contra el empleo irregular destapa 91.470 casos

El Plan ha incorporado 121 nuevos efectivos a la lucha contra el empleo irregular La actuación de la Inspección permitió anular 44.602 altas ficticias de empleados

El País
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.EFE

La ministra de empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este martes que las actuaciones contempladas en el Plan de Lucha contra el fraude han permitido aflorar en 2012 un total de 91.470 empleos irregulares, un 12% más que hace un año.

En 2012 se dobló el número de inspecciones para detectar empresas ficticias, gracias a lo cual se han detectado 1.559 infracciones, un 170% más que el año pasado. De esta forma, la Tesorería General de la Seguridad Social ha anulado 730 inscripciones de empresas ficticias, y 44.262 altas ficticias de empleados cuya finalidad era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar. En el caso de las infracciones detectadas a empresarios por facilitar el cobro indebido de prestaciones por desempleo se incrementarion un 30%.

A pesar de las restricciones presupuestarias, se han incrementado los medios humanos. Desde la aprobación del Plan se han incorporado a la inspección 121 nuevos funcionarios. "Cumplir y hacer cumplir la ley es el mejor servicio para el interés general", ha señalado Báñez, que ha explicado que estas actuaciones benefician a los trabajadores que se ven privados de sus derechos a través del empleo irregular, a las empresas que sufren una competencia desleal por los que incumplen y a las arcas de la Seguridad Social y, por tanto, las pensiones de todos los españoles.



 

“Cumplir y hacer cumplir la ley es el mejor servicio para el interés general”, ha señalado Báñez, que ha explicado que estas actuaciones benefician a los trabajadores que se ven privados de sus derechos a través del empleo irregular, a las empresas que sufren una competencia desleal por los que incumplen la ley y a las arcas de la Seguridad Social y, por tanto, las pensiones de todos los españoles. “Es la mejor garantía de nuestro estado de bienestar”, ha apuntado.

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