Bolivia promete una indemnización justa para Iberdrola por la expropiación

Bolivia se comprometió este domingo a pagar “una remuneración justa” a Iberdrola tras la expropiación de las cuatro filiales con las que la eléctrica española opera en el país latinoamericano, según aseguró el vicepresidente, Álvaro García Linera. El Gobierno boliviano espera tener una reunión “cordial” la primera semana del año con los ejecutivos de Iberdrola.

El equipo de Evo Morales insistió en que negociará la compensación después de que una firma independiente determine el valor de los activos, que fuentes del sector en España estiman en unos 100 millones de dólares (75 millones de euros). García Linera afirmó que el Gobierno no va a actuar “de manera arbitraria”. “Habrá un trato respetuoso a los inversores”, aseguró, un día después de que el Ejecutivo español pidiera una compensación justa a las autoridades bolivianas.

“Me imagino que ellos [los representantes de Iberdrola] estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes”, añadió el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.

Morales decretó el sábado pasado la expropiación de dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones —todas ellas controladas por Iberdrola— alegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales. Se trata de la segunda nacionalización que tiene como objetivo una empresa española en menos de ocho meses en Bolivia. En mayo pasado, Morales expropió la firma Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica, que todavía no ha sido compensada.

La Empresa Nacional de Electricidad, beneficiaria de los bienes expropiados, informó a Radio Panamericana de La Paz que el 18 de enero expira el plazo de 180 días otorgado para la tasación en el caso de Transportadora de Electricidad.

Críticas de la oposición

La expropiación de las filiales de Iberdrola ha sido criticada por la oposición. Los adversarios políticos de Morales consideran que la nacionalización no es más que una cortina de humo para desviar la atención de las pesquisas de la fiscalía sobre el peor escándalo de corrupción en los siete años de gestión de Morales.

La intervención del actor Sean Penn a favor de su compatriota Jacob Ostreicher, en prisión preventiva durante 19 meses, ha puesto al descubierto una red de extorsionadores que ha trabajado, aparentemente varios años, desde el poder ejecutivo en connivencia con jueces y fiscales para obtener dinero de los encausados judicialmente a cambio de algún beneficio, como el traslado de cárceles o facilidades para obtener libertad. Al menos una decena de exautoridades han sido detenidos.

Los líderes del opositor Movimiento Sin Miedo calificaron la medida del Gobierno como “una nueva y millonaria adquisición de acciones a plazo diferido”. El documento entregado a los medios locales expresa que el decreto de nacionalización es “improvisado y de coyuntura” y pretende ocultar las denuncias de corrupción.

Las críticas también han venido de los empresarios, que consideran que la nacionalización puede ahuyentar a los capitales extranjeros. España es el segundo inversor mundial en el Estado boliviano —solo superado por Estados Unidos—, gracias a la presencia de empresas como Repsol, principalmente, o Iberdrola (hasta el sábado). Las inversiones de Repsol constituyen casi el 80% de la inversión española en el país andino, donde también tienen una presencia destacada, entre otras, la concesionaria Abertis, BBVA, la editorial Santillana, AENA o la fabricante de explosivos Maxam.