El Gobierno no intervendrá para evitar subidas de la factura de la luz

Con la celebración de la subasta de electricidad, donde se decide parte del precio que después llegará a los consumidores en la factura, el Ejecutivo puede tomar decisiones que palíen la subida y repercutan de forma positiva en el bolsillo del usuario. Pero el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado esta mañana que no intervendrá en próximas subastas ya que se abultaría un déficit que ya está “embridado”. Todo apunta a que la luz seguirá al alza en 2013. “El Gobierno no alterará el precio del mercado porque engordaría el déficit de tarifa y el margen de maniobra ahora es inasumible”, ha asegurado el ministro, que ha participado en un desayuno informativo.

El titular de Industria espera terminar el año alcanzando el objetivo que se había planteado de 1.500 millones de déficit. “Al ritmo que estábamos llegaría a los 4.500 o 5.000 millones en 2012 y hasta los 6.000 en 2013”, ha manifestado. Soria ha señalado que espera terminar la reforma energética durante el primer semestre de 2013.

Los expertos señalan que la subasta que se celebrará mañana podría suponer un aumento del 8%, lo que se traduciría en una subida de la luz del 4%. La factura podría volver a incrementarse, pues, el próximo año si el Ejecutivo mantiene su posición de no realizar ninguna modificación al resultado de la subasta.

El 'tarifazo' progresivo

El ministro también ha defendido la subida progresiva de la luz anunciada la semana pasada, que supondrá un sobrecoste que podría llegar ser ocho veces mayor si se sobrepasa un límite de consumo prestablecido. Soria ha afirmado que se trata de “una medida de ahorro que trata de conseguir eficiencia energética; no afectará más, por ejemplo, a una familia numerosa porque la potencia que tiene contratada es equivalente a lo que ya está consumiendo ahora”.

Los usuarios han sufrido durante el último año un aumento progresivo de la factura de la luz. Incluso tras la subasta de septiembre, que finalizó con una bajada del coste para el consumidor del 2,2%, la factura mantuvo su tendencia al alza debido a la subida del IVA y a la refacturación del último trimestre de 2011 y el primero de 2012 ordenada por el Tribunal Supremo a petición de las eléctricas. El Gobierno había congelado la parte regulada del recibo.

Medidas contra Garoña si cierra antes de plazo

José Manuel Soria también se ha referido a la situación en la central de Garoña tras la intención de las eléctricas que la gestionan, Iberdrola y Endesa, de cerrar antes de julio de 2013 por la subida del impuesto sobre el combustible nuclear desde el próximo 1 de enero. El ministro ha asegurado que el Gobierno podría tomar medidas si se cesa la actividad seis meses antes del plazo. “No podemos hacer un decreto para forzar que siga a partir de julio, pero no pueden decir gratuitamente seis meses antes que van a parar”, ha explicado. Las eléctricas han anunciado que cerrarán la central para no asumir un sobrecoste de 155 millones de euros por la nueva tasa.

Hoy, ha recordado, se aprueba en la Cámara Baja la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética —que impone el susodicho aumento impositivo al combustible nuclear y a la generación eléctrica—, una norma con "fines recaudatorios", de alrededor de 3.000 millones de euros, con la que se pretende atajar el déficit de tarifa.

A pesar de este impuesto e incluso introduciendo los cambios impuestos por Fukushima, cuyo gasto asciende a 120 millones, Soria recriminó que no hubiesen pedido la prórroga que el Gobierno les ofreció hasta 2019 ya que durante los seis años que tenían de margen podrían obtener beneficios. “Cuando el anterior Gobierno decidió no prorrogar hasta 2019 la vida de la central, la dirección interpuso un recurso en la Audiencia Nacional en el que aseguraba que cerrar seis años antes supondría pérdidas de 400 millones”, ha explicado. En base a este recurso, el ministro de Industria ha señalado que las ganancias serían al final del ciclo de unos 125 millones. Soria ha criticado que las eléctricas no solicitasen la prórroga de la actividad en el plazo que había sido establecido, hasta el 5 de septiembre. “Lo más normal sería pedir la continuación y después tomar las decisiones pertinentes”, ha indicado.