El PP bloquea la investigación penal a quienes se acojan a la amnistía

Resta menos de un mes para que concluya la amnistía fiscal y el Gobierno maniobra para despejar las últimas dudas que puedan quedar sobre el proceso. El objetivo de Hacienda es allanar el camino a los defraudadores para que se acojan a este proceso, con el que pretende recaudar unos 2.500 millones de euros.

El Grupo Popular presentó la semana pasada, según informó el diario Expansión, una enmienda a la Ley de Reforma del Código Penal que endurece la lucha contra el fraude fiscal y los engaños a la Seguridad Social. Esta enmienda, que se discute hoy en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, despeja la vía para que los evasores regularicen sus rentas opacas pagando solo un 10% de lo defraudado.

“En aras a un principio de seguridad jurídica y con la finalidad de eliminar toda duda interpretativa al respecto, se aclara con la presente enmienda que las rentas regularizadas se entenderán declaradas en plazo, es decir, en el plazo que para cada periodo impositivo hubiera establecido la normativa propia de cada tributo”, señala la justificación de la enmienda. Una pirueta legal que da a las rentas acogidas a la amnistía el mismo tratamiento que si los defraudadores hubiesen hecho la declaración en tiempo y forma.

La orden ministerial que regula la Declaración Tributaria Especial, como denominan en el Ejecutivo a la amnistía fiscal, ya incluía una cláusula para exonerar de responsabilidad penal a los evasores. “La regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al ministerio fiscal”, señala la norma.

Ahora, la enmienda presentada por el PP al proyecto de Ley de Reforma del Código Penal aumenta las garantías de los evasores. Esta reforma ya recogía la excusa absolutoria. Uno de los apartados de la norma consiste en la creación de una “atenuante” (rebaja importante de la pena) cuando un contribuyente pague su deuda con el fisco antes de que transcurran dos meses desde que haya recibido la notificación judicial como imputado. Con esta cláusula, el Ejecutivo pretendía garantizar a los defraudadores que se acojan a la amnistía que no se les denunciará ante los juzgados por las posibles irregularidades fiscales, contables y otras falsedades que hayan podido cometer.

Hasta septiembre, el ingreso por repatriar dividendos apenas llega a 80 millones

No obstante, asesores fiscales y despachos de abogados desconfiaban de que Hacienda no fuera a perseguir a sus clientes una vez se acojan a la amnistía. Hace 10 días la Asociación Española de Asesores Fiscales organizó unas jornadas, en la que participaron miembros del Ministerio de Hacienda para despejar dudas sobre el proceso. Los asesores abarrotaron el amplio salón previsto por la organización.

La Dirección General de Tributos ha emitido dos notas aclaratorias sobre el proceso, pero algunos inspectores fiscales dudan de que estas circulares sean vinculantes. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, crítica con la medida, recalca que los inspectores tendrán acceso a la declaración tributaria especial cuando realicen otros procesos de comprobación a clientes que se acogieron a la amnistía. No obstante, varios altos funcionarios de la Agencia Tributaria descartan que las revisiones vayan a ser exhaustivas.

Junto a la amnistía fiscal, el Gobierno también incentivó que las empresas, mediante el pago de un gravamen especial del 8%, repatríen dividendos de su participación en sociedades radicadas en paraísos fiscales y rentas derivadas de la transmisión de participaciones en sociedades en el extranjero. Pese a que el Gobierno había previsto recaudar 750 millones con esta medida, los datos de la Agencia Tributario muestran que hasta septiembre solo se han ingresado 81 millones.