España tiene un problema de ingresos

“¿Cómo puedo regularizar los dos picassos que tiene mi cliente en el extranjero?”, pregunta sin tapujos un experto fiscal. La escena se produjo el pasado miércoles en un encuentro organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) con responsables de la Agencia Tributaria para tratar de despejar algunas dudas sobre la amnistía fiscal. Este proceso fue abierto por el Gobierno para que los evasores regularicen las rentas ocultas pagando solo un 10%, y con el que se pretenden recaudar 2.500 millones. Los asesores piden más tiempo a Hacienda porque consideran que aún persisten incertidumbres sobre un proceso que califican de confuso. Algunos tienen dificultades para desmontar las complejas estructuras empresariales que diseñaron para llevar a paraísos fiscales el dinero negro a escondidas del fisco; otros tienen dudas sobre qué parte de sus rentas está prescrita y cuál pueden ser aún objeto de inspección. Pero Hacienda se niega a ampliar el plazo para presentar esta declaración tributaria especial que concluye el 30 de noviembre. “Si la amnistía tiene éxito es más por el temor a la ley contra el fraude que por convencimiento. Pero al final uno termina haciendo lo que el cliente le pide que haga”, aseguraba entonces uno de los asistentes a las jornadas sobre la amnistía.

El Gobierno la aprobó con el argumento de tratar de cuadrar las cuentas de las Administraciones públicas, ya que desde que aparecieron los primeros nubarrones económicos encadenan enormes déficits presupuestarios: los ingresos públicos no son suficientes para pagar los gastos. Las finanzas públicas parecen sostenidas por una mesa coja. Los ingresos fiscales se han hundido desde 2008 y aunque el Gobierno ha recortado gastos, el aumento de las pensiones y de las prestaciones por paro impide rebajar la factura pública. “La crisis fiscal de España es una crisis de los ingresos”, explica José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector del centro de estudios económicos Fedea, que reclama una reforma fiscal “radical y en profundidad”. Explica que los ingresos públicos han caído seis puntos del PIB desde 2007, mientras en la UE se ha mantenido constante: en Francia ha crecido ocho décimas, un punto en Alemania y una décima en Italia.

Francisco de la Torre, secretario de la organización profesional de inspectores de Hacienda (IHE), explica por qué se reduce la recaudación y el Gobierno se ve obligado a subir impuestos para compensar: “Se ha producido una caída de los ingresos derivados del sector inmobiliario; un descenso sin precedentes del impuesto sobre sociedades y un aumento del fraude fiscal”.

Aunque los inspectores perciben que ha aumentado la evasión, carecen de datos sobre el volumen de la economía sumergida. No obstante, reclaman más medios para combatirla. Alegan que España destina un 80% menos de recursos que Alemania a dichas tareas, un 67% menos que Francia o, incluso, solo la mitad que Italia a perseguir el fraude.

Los inspectores admiten que “la lucha contra el fraude fiscal es imprescindible, pero no va a resolver todos los problemas”. Conde-Ruiz considera que si se redujera la economía sumergida a niveles de nuestro entorno solo aumentaría la recaudación en dos puntos del PIB (unos 20.000 millones).

Fedea propone otras medidas para mejorar la eficiencia fiscal en España, como suprimir las deducciones del IRPF sobre planes de pensiones, loterías o adquisición de vivienda para aumentar la recaudación en 9.200 millones de euros. Considera que la configuración actual de este tributo es ineficiente y que España tiene uno de los tipos marginales del IRPF más alto del mundo. Por eso, una rebaja de este tipo marginal desde el 52% actual hasta el 40% supondría una merma de unos 1.000 millones, pero a la larga atraería riqueza a la economía española, según se explicó durante el XXII Congreso del IHE celebrado la semana pasada en Santander. “Nos enfrentamos a una reducción de ingresos fiscales de todas las Administraciones. Vamos a tener años de una recaudación complicada”, señaló allí De la Torre, que argumenta que el nuevo modelo productivo en que priman las exportaciones y la obligación de reducir deuda en el sector privado lastrará la recaudación.

Por eso, el Ejecutivo busca fórmulas para exprimir al máximo la capacidad tributaria del país y aprobó la amnistía fiscal a pesar de su coste político. Hasta ahora solo se han recaudado 50 millones de los 2.500 previstos, según los últimos datos de Hacienda. Para presionar a los evasores practica el juego del palo y la zanahoria. A un mes de que concluya el plazo para acogerse a la medida, pone en marcha una ley para luchar contra el fraude fiscal. Esta norma, que entrará en vigor en los próximos días, ya ha superado la tramitación en las dos cámaras parlamentarias y recoge muchas de las reivindicaciones históricas de los inspectores, que se mostraron sumamente críticos con la amnistía. La norma limita las operaciones en efectivo hasta 2.500 euros entre particulares y empresarios, obliga a declarar los bienes en el extranjero y establece medidas cautelares para facilitar el cobro de Hacienda cuando exista delito fiscal. Además, se elimina el régimen de módulos para determinadas profesiones, entre otras cuestiones. Para reforzar la lucha contra el fraude se ultima una ley para endurecer el Código Penal para casos de delitos fiscales, crea un nuevo tipo de delito agravado para tramas delictivas y eleva las penas de cárcel hasta los seis años.

A pesar de ello, y de las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno, el caudal que rellena las arcas públicas cada vez se parece más a un hilillo de agua. Para compensarlo, el Ejecutivo deberá reformar la estructura del Estado, pero esa es otra historia.