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España destina un 80% menos que Alemania a perseguir el fraude fiscal

Los inspectores de Hacienda reclaman más medios para luchar contra la evasión tributaria

El Gobierno ultima la puesta en marcha de la Ley de Lucha contra el fraude

“Hay un problema de fraude fiscal en España”, asegura Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que organiza entre este jueves y viernes su congreso anual en Santander. Los inspectores consideran que “una parte clave en la caída de los ingresos fiscales corresponde al aumento del fraude fiscal”. La caída de la recaudación ha impulsado el déficit de las administraciones públicas y ha empeorado la situación económica del país. “La lucha contra el fraude fiscal es imprescindible pero por si sola no va a resolver todos los problemas”, apunta el portavoz de IHE.

La caída de la recaudación ha impulsado el déficit de las administraciones públicas

Los inspectores consideran que detrás del desplome de la recaudación —los ingresos del impuesto de sociedades se redujeron en más de 46.000 millones entre 2008 y 2009— se esconde un aumento del fraude fiscal. “Las leyes antifraude son efectivas en la medida en que son efectivas las sanciones”, señala De la Torre que añade: “Una de nuestras reclamaciones es la falta de medios para reducir esta lacra social que es el fraude”. Los inspectores defienden que la evasión ha crecido en los últimos años, diversos estudios sitúan la economía sumergida en un 20% del PIB, por eso reclaman más recursos para lichar contra la evasión.

A pesar de ello, España destina un 68% menos a la gestión de la administración tributaria que Francia o un 80% menos que Alemania, según datos de la OCDE recogidos por los Inspectores Fiscales en un informe titulado la crisis fiscal en España. El gasto español para la administración fiscal ascendió en 2009 (últimos datos recogidos en la serie de la OCDE) a 1.400 millones de euros, mientras Alemania destinó 6.973 millones o Francia se gastó 4.463 millones. Incluso Italia duplicó el gasto español a la lucha contra la evasión fiscal y gastó 3.114 millones en 2009 a estas tareas.

Pocos trabajadores para controlar tributos

Otro de los indicadores para comparar el esfuerzo de los países de nuestro entorno en perseguir el fraude es el número de trabajadores de la administración tributaria: mientras en España hay 27.755 empleados en la Agencia Tributaria, en Francia hay 123.130 empleados, en Alemania, 112.291 trabajadores o 33.854 en Italia.

“Alemania se gasta cinco veces más en administración fiscal de lo que se gastaba España. Nos gastamos la mitad que el siguiente que menos se gasta en administración tributaria sobre el PIB”, lamenta De la Torre. “Esta escasez de recursos nos impide ir contra el fraude mas sistematizado e informatizado, contra operaciones más complejas”, añade mientras admite que la lucha contra la evasión no es la solución a todos los problemas económicos del Estado pero es un paso importante que hay que dar. Y recuerda que la concienciación social ha empeorado en los últimos meses. El último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales señala que el 43% de los españoles justifica abiertamente la evasión de impuestos.

La escasez de recursos impide ir contra las operaciones de fraude más complejas

Los inspectores además no descartan nuevas subidas de impuestos y creen que sería necesaria una amplia reforma del sistema tributario. Recuerdan que hay impuestos directos con tipos muy altos en los que se acumulan muchas deducciones y consdieran que ese sistema no es coherente.

Creen que “la recaudación que se produjo en España entre 2007 y 2009 no se volverá a ver”. De la Torre explica: “Vamos a tener algunos años en los que la recaudación será complicada”. Su argumento consiste en que el nuevo modelo en el que crecen las exportaciones deja menos recaudación para las arcas del Estado.

Mientras los inspectores reclaman más recursos al Gobierno, el Ejecutivo de Rajoy ultima la puesta en marcha la ley de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social que entrará en vigor en los próximos días. Esta norma recoge varias de las reivindicaciones de los inspectores, como la limitación del efectivo (2.500 euros) para operaciones entre particulares, la supresión del sistema de módulos para algunos sectores como el de transporte y otros ligados a la construcción. Pero aún reclaman “darle una vuelta a los plazos del procedimiento inspector”. Recuerdan que la reciente operación policial contra una red de blanqueamiento de dinero en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada ha durado más de tres años, mientras que el proceso de inspección fiscal limita a un año la investigación para descubrir presuntas tramas ocultas.