Industria suspende las sanciones contra Argentina por el biodiésel

El castigo entraba en vigor efectivamente el 22 de octubre

Tanques de almacenamiento en la planta del puerto de Ferrol.
Tanques de almacenamiento en la planta del puerto de Ferrol.Gabriel Tizón

Poco han durado las sanciones contra Argentina tras la expropiación de YPF. Apenas medio año. El Ministerio de Industria ha dictado una orden por la que suspende las restricciones a la importación de biodiésel dictadas tras la expropiación del 51% de la filial argentina de la petrolera Repsol.

La reacción del Gobierno español a la medida adoptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la de restringir la compra de biodiésel. Eso afectaba principalmente a Argentina, pero también a Indonesia. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inscribió esta medida dentro del paquete aprobado contra expropiación de YPF.

Ahora, en cambio, el Ejecutivo español ha cambiado de opinión. ¿Por qué? Los altos precios del carburante, según la versión oficial que figura en el Boletín Oficial del Estado, que publicaba la medida. “Puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos”, reza la orden.

Así que la decisión de Soria, “con el fin de no causar daño a los interesados, y sin perjuicio de reparación que proceda por los costes de gestión en que hayan incurrido”, ha sido “dejar sin efecto” la medida.

Tras la aprobación de la norma de protección del biodiésel nacional, el Gobierno disponía de un plazo de seis meses para publicar la asignación de cuotas a los productores de la Unión Europea. Este plazo concluía el próximo 22 de octubre y el sector se encontraba a la espera de la resolución.

Una medida ansiada por el sector en España

Ahora, una vez dejado sin efecto la medida, los afectados disponen de un mes para presentar ante Industria un recurso administrativo de reposición, así como de dos meses en caso de que quieran recurrir la decisión del Gobierno ante un Tribunal contencioso-administrativo.

En la orden de abril, el Gobierno fijaba cuotas de refino para las empresas españolas y europeas. Esta medida, de entrar en vigor, tendría la consecuencia de limitar las importaciones de biodiésel procedente de Indonesia y Argentina, que el año pasado ascendieron a 750 millones de euros.

El sector del biodiésel en España ya había reclamado una norma de este carácter, para que las plantas de producción españolas volvieran a tener actividad. El sistema de aranceles argentino hace que sea más barata la importación de biodiésel que de soja, la materia prima con la que se elabora.

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