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Las comunidades tendrán hasta 12 años para devolver el dinero del fondo

El interés del FLA se fijará en 30 puntos básicos sobre lo que paga el Tesoro

El coste total no podrá superar los 2,5 puntos porcentuales incluidas comisiones

El crédito será por un máximo de 10 años con un periodo de carencia de otros dos años

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso. EFE

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este lunes que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) prestará dinero a las comunidades a un plazo máximo de diez años, tiempo al que habrá que añadir un periodo de gracia de dos años. Esto significa que las regiones que hayan pedido ayuda o vayan a hacerlo próximamente no tendrán que empezar a devolver el dinero hasta 2014. Con ello, se espera que puedan hacer frente a sus compromisos de pago una vez se recupera la economía, algo que el Gobierno fija ya en 2014 para el conjunto del país, y mejoren los ingresos impositivos que nutren las arcas de las regiones.

Sobre cuánto les costará recurrir al fondo, Beteta también ha informado de que el interés de estos préstamos será de 30 puntos básicos (0,30 puntos porcentuales) sobre la rentabilidad que abona el Tesoro Público. A los tipos a los que cotiza actualmente la deuda española a este plazo, que está en el 5,7%, la operación de rescate de las comunidades permitirá al Estado y a las entidades participantes en el fondo embolsarse unos 1.000 millones si se prestan los 18.000 millones con los que está dotado sin contar con las comisiones. No obstante, por lo que respecta al Tesoro, el instituto emisor tendrá a su vez que destinar parte del dinero que reciba a pagar a los inversores que han apostado su dinero en la deuda pública con la que se financia el instrumento de ayuda.

Según concreta el BOE, el "coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos (2,5 puntos porcentuales) al rendimiento de la Deuda Pública del Estado al plazo equivalente". La "determinación del coste total máximo, independientemente de la instrumentación, se fijará el día del desembolso o días previos, según las prácticas usuales del mercado", señala el texto.

El FLA, que comenzó a funcionar en septiembre, gestiona recursos que provienen del programa de financiación del Estado a través de deuda pública. Del crédito extraordinario por importe de 18.000 millones con el que está dotado, 6.000 saldrán del Organismo Loterías y Apuestas del Estado, 4.000 millones del Tesoro y los 8.000 restantes los aportarán las entidades financieras.

En este sentido, el fondo dispondrá a partir del 17 de octubre de 4.860 millones de euros más ya que ha anunciado una segunda colocación de bonos y obligaciones para ese día. Este dinero se suma a los 3.000 millones ya dispuestos por un grupo de bancos a cambio de títulos del Tesoro. La tesorería estatal ha anunciado este lunes que el próximo 11 de octubre realizará una segunda colocación privada de bonos y obligaciones para financiarlo con la colocación de 4.860 millones de euros con fecha de liquidación 17 de octubre.

De momento, ya han anunciado su interés de recurrir a este mecanismo de ayuda la Comunidad Valenciana (4.500 millones), Cataluña (5.023), Murcia (600), Andalucía (4.906), Castilla-La Mancha (848 millones) y Canarias (756 millones). Entre todas, acaparan el 88% del total de los recursos del fondo, al que solo le quedan 2.000 millones de euros. Recibir el dinero, esencial para que las comunidades cumplan con sus acreedores y paguen los sueldos, no supondrá abrir la mano con los recortes, ya que pedir el crédito lleva acarreadas condiciones. De hecho, el Gobierno podrá imponer sanciones y, en caso extremo, intervenir a las incumplidoras.

En este apartado, el texto del BOE añade que las comunidades que recurran al fondo no podrán endeudarse salvo autorización expresa del Tesoro.

Sobre la evolución de la plantilla de trabajadores que están al servicio de las Administraciones Públicas, Beteta ha puesto en contraste la situación de las comunidades frente a la de la Administración central. Así, ha asegurado que las autonomías han aumentado su número de empleados a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos los han reducido en 11.000 trabajadores, un 1,85% menos, en el primer caso, y en 50.000 personas, un 7,76% menos para las haciendas locales.