El Gobierno esperará a noviembre para ver si es “asumible” actualizar pensiones

Los precios amenazan la última frontera que se ha marcado el Gobierno de Mariano Rajoy: las pensiones. El IPC se ha disparado (3,5% en septiembre) justo cuando se acerca el momento de revisar si este año los jubilados pierden poder adquisitivo. Si la inflación continúa así, la factura para la Seguridad Social será muy alta. Tanto, que este lunes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, aseveró: “Vamos a esperar a noviembre para ver si hay una desviación [de precios] asumible por el sistema”. Era la primera vez que admitía en público, aunque de forma implícita, que no hay una decisión tomada.

Dentro de dos meses, la norma obliga a revisar si el alza de pensiones de este año (1%) garantiza el poder adquisitivo de los jubilados. Hacerlo, si el IPC mantiene el nivel de septiembre, puede llevar a la Seguridad Social a tener que desembolsar más de 2.500 millones este año y otros tantos el que viene. Mucho dinero en un momento en que el sistema de pensiones se adentra en déficit y tiene que recurrir al Fondo de Reserva para afrontar sus problemas de liquidez.

Consciente de esto, el Gobierno ha evitado en los últimos días asumir compromiso alguno sobre la revalorización de las pensiones y mantener hasta fin de año la Ley General de la Seguridad Social sin cambios. “Sigue vigente la normativa sobre revalorización”, ha sido la respuesta de manual que daban los miembros del Ejecutivo sobre el tema cuando les preguntaban periodistas o miembros de la oposición.

También lo hizo Burgos. “Solamente me puedo atener a la norma vigente. Nunca en septiembre, en presupuestos, nos hemos planteado este debate”, comentó el secretario de Estado al salir de su intervención ante el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria del Congreso donde se debate sobre pensiones. Pero a continuación mencionó que esperarían a noviembre para ver si el alza de los precios es soportable por el sistema.

"Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para no tocar la ley” afirmó después en conversación telefónica con este diario, y trató de zanjar la polémica: “El debate no está abierto. No se está valorando tocarla”. No obstante, admitió que será en noviembre cuando se tome una decisión. “Puede haber circunstancias excepcionales”, justificó.

El déficit, en el candelero

Hacer frente al coste de actualizar la paga de jubilados puede descabalgar, por enésima vez, las previsiones del Gobierno sobre el déficit de este año. Y puede poner la primera piedra para hacer lo propio en 2013, ya que en el presupuesto de la Seguridad Social no se contemplan recursos suficientes para ello.

No obstante, si el Gobierno opta por actualizar los 8,9 millones de pensiones puede recurrir al Fondo de Reserva. También podría transferir el dinero necesario de impuestos, es decir, de la caja de Hacienda. Pero ambas opciones no evitarían que subiera el déficit, salvo que se hicieran recortes presupuestarios adicionales y equivalentes en otras partidas, algo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha descartado tajantemente.

Si el Gobierno opta al final por revalorizar las pensiones sin más, probablemente encontrará el ceño fruncido de los socios comunitarios. El comisario de Finanzas de la Comisión Europea, Olli Rehn, de visita en Madrid, reclamó, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro de Economía, Luis de Guindos, que continúen las reformas de pensiones. En opinión del comisario, deben hacerse “inevitablemente” para “garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Entre las exigencias de Bruselas, está la reforma de la Seguridad Social para retrasar la edad real de jubilación y definir y adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, ahora fijada en 2032.