Guindos avisa del riesgo que corren las prestaciones sociales
IU reprocha al Gobierno su desvelo por los bancos, augura estallido social El ministro afirma que "será imposible" mantener las prestaciones si la situación no cambia
Habrá muchos debates en el Parlamento sobre la situación económica y las medidas del Gobierno, pero el de este miércoles entre la izquierda parlamentaria y el ministro de Economía, Luis de Guindos, fue de los más intensos en contenidos y altura dialéctica de los últimos meses. Aunque lo que quedará es el aviso del ministro: “Si no se consigue en los próximos trimestres una modificación de la situación de los últimos cinco años será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”. La admonición de Luis de Guindos tuvo respuesta inmediata de los sindicatos y de los grupos de izquierda que, fuera y dentro del Parlamento, interpretaron que nuevos recortes están en marcha, y entre ellos, las pensiones, los sueldos de los funcionarios y las prestaciones por desempleo.
No fue la intención del ministro, al parecer, según fuentes de su entorno, hacer ningún anuncio sobre los peligros que se ciernen sobre las políticas sociales, sino que su relato sobre la situación económica le llevó a esa conclusión por pura lógica económica.
El debate lo provocó el diputado de Izquierda Plural (IU- ICV-CHA), Alberto Garzón, a través de una interpelación que tendrá su continuación la próxima semana con una moción en la que la Cámara votará propuestas concretas. El centro del reproche de Garzón se basó en la ayuda gubernamental a los bancos. Y el ministro le respondió: “Me dice que deje caer los bancos y que vaya a rescatar a los ciudadanos. Es una frase simple, sencilla y con cierto tinte demagógico. Pero cuando en la historia económica mundial se ha dejado caer el sistema financiero, como en la Gran Depresión, las caídas del PIB no fueron del 3% o 4%, sino del 20% o 25%, por la desconfianza brutal en el sistema”. El ministro hizo una incursión en la historia para introducir más advertencias. “Esa situación dio lugar a movimientos absolutamente extremistas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. El tono del ministro pretendió ser didáctico, con el afán de explicar a la Cámara qué puede ocurrir si se mantiene el colapso del crédito. “La mayor garantía del Estado del bienestar, que yo defiendo, es el crecimiento económico y el empleo. Si eso no se consigue lo estaremos poniendo en riesgo”. Por eso, no ve sentido en la crítica de Garzón respecto a que el Gobierno gasta el tiempo y el dinero “en salvar al sistema financiero”.
El ministro asegura que las condiciones del préstamo son muy favorables
Cambiar las bases de la economía española es lo que pretende el Gobierno, pero “no va a funcionar porque parte de premisas erróneas que conduce a un modelo de sociedad con más desigualdades, con miseria y con estallidos sociales por las imposiciones que nos dejan sin futuro”. Esta es la otra cara de la moneda que presenta la izquierda parlamentaria y que defendió Alberto Garzón. Dos veces sonó en el hemiciclo la palabra referéndum. Garzón y antes el coordinador general de IU, Cayo Lara, pidieron al Gobierno que convoque esa consulta para que los ciudadanos puedan “tomar decisiones sobre lo que afecta a sus vidas”. La justificación del referéndum la basa IU en que el Gobierno lleva a cabo unas políticas distintas de las que ofreció en el programa electoral con el que ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre.
La izquierda y los sindicatos auguran recortes en pensiones
No obvió el ministro el reconocimiento de que la situación exige “sacrificios” y que la corrección de los “profundos desequilibrios acumulados” llevará tiempo, pero el ministro presentó esos sacrificios como inevitables. “Si no hay crecimiento económico habrá muchos problemas para la sostenibilidad de la economía española”. Y de vuelta a los bancos aseguró que las condiciones del préstamo europeo son “extremadamente favorables” para los intereses españoles”. No convenció en absoluto a la izquierda parlamentaria, que volverá a la denuncia día tras día en un Parlamento que, según Garzón, “ha perdido legitimidad”.
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