El IVA pasa factura a la Seguridad Social

Mariano Rajoy tiene muy difícil mantener su última promesa. “No tengo intención de bajar las pensiones el año que viene. Sería la última partida presupuestaria que yo tocaría”, declaró el presidente del Gobierno después del último Consejo de Ministros antes de irse de vacaciones. Pero sus propias decisiones en los últimos meses se lo van a poner muy difícil. El copago farmacéutico, la subida del IVA, la de las tasas universitarias o de los peajes de las autopistas empujan a los precios al alza (el IPC fue en julio el 2,2%), y más que lo harán a la vuelta del verano. Así que cuando en noviembre llegue el momento de hacer números, la subida del 1% de las pensiones a comienzos de año se demostrará insuficiente y la Seguridad Social tendrá que rascarse el bolsillo —y mucho— si el Gobierno quiere evitar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

El 1 de julio entró en vigor el aumento del copago de los medicamentos. Y a partir de ahora el índice de precios al consumo (IPC) no dará tregua. Con el nuevo curso escolar, subirán de las tasas universitarias. Y a partir de septiembre, el mayor golpe de todos: el aumento del IVA.

“La próxima subida del IVA se trasladará de forma significativa al IPC”, explica el Instituto Flores de Lemus. Según los cálculos de este servicio de estudios de la Universidad Carlos III, uno de los más prestigiosos estudiando el comportamiento de los precios, el IPC anual en noviembre y diciembre será del 2,6%. Antes de conocer al detalle las subidas de impuestos su pronóstico era del 1,9%.

Funcas, el gabinete económico de las cajas de ahorros, vaticina que los precios a finales de año crecerán un 2,7% o un 2,8%. Intermoney adelanta que cuando actualice sus vaticinios la inflación se situará cerca del 3%.

El nivel de precios que marque el IPC en noviembre se toma como referencia, según la Ley General de la Seguridad Social, para determinar si la subida de pensiones dictada al comienzo de un año ha sido suficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Si no ha bastado, el instituto público tiene que compensar a los jubilados. Para ello, la norma estipula que los pensionistas tienen que cobrar una paga extra que corrija el retraso acumulado y, además, que la mejora se consolide en la pensión del siguiente año.

Nada más llegar a La Moncloa Rajoy aumentó las pensiones un 1%. Pero los precios van a subir bastante más y cumplir con lo prometido puede costarle a la Seguridad Social más de 3.000 millones de euros.

Con aquella subida y la reiteración de la promesa, Rajoy trataba de poner distancia con José Luis Rodríguez Zapatero, que congeló las pensiones en 2011 (lo hizo suspendiendo la ley mediante el decreto de recortes de mayo de 2010). Los recortes que ha aplicado el PP en los ocho meses que lleva en el poder superan holgadamente los tijeretazos del PSOE. Sin embargo, la dura oposición de Rajoy a aquella congelación —en términos reales, una rebaja de pensiones— ha convertido en anatema cualquier pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.

Pero mantener el tabú intacto saldrá muy caro. Conocedores de las cuentas de la Seguridad Social explican que cada décima que los precios crezcan por encima del 1%, cuestan más de 200 millones al sistema (100 correspondientes a la paga extra, que se cargan contra los presupuestos de este año, y otros 100 por la consolidación). Si se tiene en cuenta el pronóstico del Instituto Flores de Lemus para noviembre (2,6%), eso supone que la factura ascenderá a unos 3.300 millones, un desembolso récord por la revalorización.

Para la Seguridad Social pagar en 2012 la cantidad adicional (1.650 millones ya que solo la mitad se imputa en el presupuesto de este año), es todo un reto. Los gastos suben a un ritmo del 4,3% en lo que va de año, bastante por encima de lo presupuestado. Entre tanto, los ingresos —lastrados por la caída del empleo y el aumento de los aplazamientos de pago concedidos a empresas— caen 4,1%, cuando el Gobierno esperaba que crecieran. Solo con estos dos datos ya se puede avanzar que el instituto público cerrará el año en números rojos, que se agrandarán si Rajoy mantiene su promesa.

Además, hay varios síntomas que muestran que el instituto público puede verse abocado este mismo año a sufrir grandes tensiones de tesorería, sobre todo en diciembre y enero (en dos meses en tendrá que desembolsar más de 22.000 millones sin tener en cuenta la paga compensatoria). El mismo secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, lo ha admitido. Una de esas señales es que Empleo acaba de dictar dos resoluciones para acceder al dinero sobrante durante años en la gestión de las mutuas de accidentes laborales (más de 4.000 millones).

Otro de los síntomas se puede observar al analizar el avance de la ejecución presupuestaria hasta junio. En la primera mitad del año, el Ministerio de Hacienda ha transferido mucho más dinero (4.400 millones) al servicio público de empleo para pagar el seguro contra el paro de lo que transfirió en 2011. En ejercicios anteriores, dado que en la tesorería de la Seguridad Social sobraba dinero, el pago de las prestaciones se hacía desde el instituto público y al final del año se cuadraban las cuentas. Además, Hacienda ha adelantado 2.500 millones para el pago de pensiones.

La precaria situación de las cuentas de la Seguridad Social ha llevado al Gobierno a asumir, entre 2012 y 2013, los complementos a las pensiones mínimas (más de 7.000 millones). Y, pese a todas estas líneas de apoyo, es posible que no sea suficiente. Rajoy tiene opciones, pero ninguna tiene fácil explicación política.

A instancias de Bruselas, el Gobierno pretende definir el factor de sostenibilidad de las pensiones —que liga edad de jubilación, cuantía de las pensiones y revalorización a la esperanza de vida y condiciones económicas— mucho antes de lo previsto (2027). Aplicarlo ya sería un paso radical. Echar mano del Fondo de Reserva de las Pensiones (68.000 millones) o congelar las pensiones depende también de la voluntad de Rajoy, por mucho que la Ley General de la Seguridad Social dicte que se tiene que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.