Los ajustes presupuestarios aceleran la destrucción de empleo público

La combinación de ajustes presupuestarios y reforma laboral hace mella ya en el sector público. Según los datos que acaba de difundir el Instituto Nacional de Estadística, el empleo público ha descendido un 2% respecto al primer trimestre. Pero es en la comparación anual donde el descenso de asalariados empieza a ser significativo, con una caída acumulada del 5,5%, una tasa sin precedentes en lo que va de crisis. A diferencia de lo que era habitual desde 2008, la destrucción de empleo se centra en el sector público, no en el privado, que registró un aumento de ocupación.

El empleo público, ahora en 3.041.100 personas, empezó a caer con fuerza en el último trimestre del año pasado, cuando el número de asalariados se redujo en 84.000 personas. Entre abril y junio, el descenso fue algo más atenuado (63.000 asalariados menos), pero la sucesión de tres trimestres a la baja acelera la caída en tasas anuales. Las comunidades autónomas, que concentran el 60% del empleo público (sin contar las empresas del sector, donde el INE no discrimina entre administraciones), concentraron la mayor parte del recorte (27.000 puestos de trabajo destruidos), aunque siguen por detrás en la comparación anual (-4%) de la Administración central (-5,4%), las empresas públicas (-4,9%), y sobre todo, de los Ayuntamientos (-11,3%), cuyas plantillas ya solo suman 600.000 efectivos, el nivel más bajo de 2005. Los ajustes presupuestarios sobre la mesa anticipan que lo más probable es que el descenso se acentúe, sobre todo en las comunidades, más rezagadas en el ajuste del déficit. 

Este es el primer trimestre en el que se pueden calibrar los efectos de la reforma laboral en el sector público. Los cambios normativos facilitan la aplicación del despido procedente, con indemnizaciones más bajas (20 días por año trabajado) al personal laboral contratado y los trabajadores de empresas públicas. Solo hace falta demostrar "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente", que ahora mismo es el caso de casi todas las administraciones y entes públicos.

La aplicación de la reforma laboral es uno los argumentos en los que se fundamenta las previsiones del Gobierno, que en el programa de estabilidad anticipa una reducción del gasto de las Administraciones en personal, tanto por la vía de la reducción salarial, reforzada ahora con la supresión de la paga extra de diciembre, como por el descenso del número de empleados.

El recorte del gasto en empleo público se enmarca en la política de ajuste presupuestario, a la que el Gobierno de Rajoy ha dado prioridad absoluta. Además de la reforma laboral, el Ejecutivo apuesta aquí por varias vías: el aumento de la jornada laboral (se ha establecido un mínimo de 37,5 horas a la semana) para prescindir de interinos y trabajadores temporales; La supresión de empresas públicas, sobre todo en comunidades y ayuntamientos; la eliminación de liberados sindicales; el establecimiento de una tasa de reposición del 0%, con limitadas excepciones, para evitar sustituir a los jubilados; y el desarrollo de un drástico plan contra el absentismo de los funcionarios, que incluye límites a la incapacidad temporal.