El gasto del Estado crece un 9% en 2013 por los intereses y la Seguridad Social

Con casi un mes de retraso, el Gobierno publicó este viernes sus previsiones macroeconómicas y el techo de gasto que servirán de guía para elaborar los Presupuestos de 2013. Las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, revelan la incapacidad del Ejecutivo para domar un gasto público desbocado. El Gobierno prevé que el gasto del Estado crecerá un 9,2% el próximo año. Montoro lo justificó por el incremento de los intereses de la deuda y el aumento de los gastos de la Seguridad Social.

El Ejecutivo popular tiene serias dificultades para calmar a los mercados. Hacen oídos sordos a las demostraciones del Gobierno —vía recortes y subida de impuestos— de que puede controlar las cuentas públicas. Pero si la desconfianza tiene un precio, en España este se puede reflejar en los 9.114 millones de euros de más que el Estado tendrá que pagar en concepto de intereses por el aumento de la deuda y de la prima de riesgo: el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán, que se usa de referencia para determinar el coste de la deuda, registró la tarde del viernes niveles récord.

Con este panorama borrascoso, el Ejecutivo ha estimado que los gastos públicos del Estado crecerán desde los 116.295 millones previstos este año hasta los 126.792 millones estimados para 2013, lo que supone una subida del 9,2%. “Este aumento es consecuencia de la deuda pública que hace que quede menos gasto disponible para pagar los servicios públicos”, manifestó Montoro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los gastos financieros previstos en los Presupuestos de 2012 ascienden a 28.913 millones de euros. Las cifras divulgadas por el Ejecutivo indican que el año próximo podrían ascender a cerca de 39.000 millones, lo que los convertiría en el capítulo más relevante de los gastos corrientes del Estado, por encima incluso de los costes de personal.

El ministro de Hacienda también argumentó que el aumento de los gastos públicos se debe a la Seguridad Social —pensiones, incapacidad temporal y prestaciones familiares— que gastará 6.683 millones más. Además, Montoro apostilló que si se excluyen los gastos financieros y la aportación a la Seguridad Social, que hay que pagar inevitablemente, el gasto público no financiero del Estado se reduciría un 6,6%. De hecho, el gasto de los ministerios se reducirá un 12,2% el próximo año hasta los 31.057 millones de euros. Los Departamentos del Estado encadenan tijeretazos a sus presupuestos. El pasado viernes, el Gobierno aprobó un acuerdo de no disponibilidad de gasto de más de 600 millones que se suma al aprobado a principios de año por más de 8.000 millones.Las previsiones del Gobierno también contemplan un aumento de los ingresos públicos del 4,04% para 2013, hasta los 124.095 millones, impulsados principalmente por la subida de tres puntos del IVA.

El ministro de Hacienda presentó el cuadro macroeconómico para 2013-2015 como el “primer trámite para elaborar los Presupuestos”. Incluía el techo de gasto, como establece la Ley de Estabilidad —que limita las desviaciones presupuestarias—, que obliga a calcularlo en función de la evolución económica del Estado. Así el Gobierno considera que la actividad económica retrocederá un 0,5% en 2013 y ha fijado la meta de déficit para el Estado en el 3,8% del PIB, lo que supone un desequilibrio presupuestario de 40.778 millones.

También ha establecido los objetivos de déficit para el resto de Administraciones.

El Gobierno traspasa a las comunidades autónomas el mayor esfuerzo para reducir el déficit en 2013. Mientras que el Estado tiene que reducir la desviación presupuestaria en siete décimas —del 4,5% del PIB previsto para 2012, al 3,8% el próximo—, las comunidades deberán reducir ocho décimas del 1,5% este año al 0,7 de déficit previsto para el próximo. No obstante, varias instituciones internacionales comienzan a recelar de que las comunidades logren contener la desviación presupuestaria este año, a pesar de los duros planes de ajuste por más de 18.000 millones aprobados en mayo. El Gobierno considera que tanto Ayuntamientos como Seguridad Social lograrán cuadrar sus cuentas en los próximos años.