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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Ay qué pena, hacen lo que no les gusta

Xavier Vidal-Folch

La doctrina Rajoy para explicar y justificar la tercera oleada de austeridad es de una gran enjundia. Consta, como la Tierra, de cuatro elementos: carencia de criterio, manifestación de disgusto, reconocimiento de impotencia y fe utilitaria. Veamos con detalle el acierto de cada uno, según los explicitó su autor en la comparecencia parlamentaria.

Carencia de criterio: “No disponemos de más ley ni más criterio que el que la necesidad nos impone”, dijo. Es una manera automática de consagrar la abdicación de toda política, incluida la política económica. Esta debería consistir en desplegar criterios para adecuar o conducir las necesidades surgidas de la realidad a los objetivos programáticos propuestos. Hacer de la necesidad virtud es virtud insuficiente. Y reconocer que la realidad ha derrotado tu programa —como hizo el presidente por vez primera al declarar que “han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”— es parca explicación: ¿en qué datos sustanciales desconocidos han cambiado tan radicalmente?, ¿acaso es que el programa era inadecuado, o fútil, o engañoso?, ¿se puede culpar del problema al mismo tiempo a la herencia y a la recesión más grave de cuantas hemos sufrido? La carencia de criterio es peligrosa en sí misma. Y más en tanto que pueda lindar con la ausencia de principios

Manifestación de disgusto. Ya se ha convertido en un clásico de este Ejecutivo la declaración de que le disgusta mucho lo que hace. ¡Al propio gobernante! “Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”, rizó el rizo Rajoy, arriesgando la réplica de que mejor lo deje, o apuntando a una victimista inversión de quién es la víctima de los recortes: no ya los recortados, sino el recortante. E insiste, por activa y pasiva: “tanto si nos gusta como si no”, “no pregunto si me gusta”... El llanto por el disgusto íntimo del gobernante es irrelevante frente al nivel de desempleo y malestar social existente. Y la confesión de disgusto ante la imperiosidad de cumplir con el propio deber, huelga por completo.

España y los socios de la UE carecen de soberanía, pero tienen margen de maniobra

El reconocimiento de impotencia se plasma en variadas expresiones: “la necesidad nos impone”, “no nos queda más remedio que hacer”, “no podemos elegir”, “no tenemos esa libertad”... Vuelve a significar la negación de la política, que es alternativa, o al menos modos alternativos de conseguir un mismo fin. Y supone reconocer una situación de falta de capacidad de maniobra propia de un rescate total, muy lejos del ejercicio de “decisiones soberanas” como las que el presidente enarboló al inicio de la polémica con Bruselas sobre el déficit. Lo peor del asunto es que si es cierto que la soberanía nacional a la vieja usanza hace ya decenios que dejó de existir en Europa, al menos en lo económico —aunque algunos aún no se hayan enterado—, sigue existiendo siempre un margen practicable. Usar ese margen habría posibilitado, por ejemplo, evitar o modular la subida del IVA.

Ese es un razonamiento meramente teórico. El PP-Oposición tenía razones cuando argumentaba que subir ese impuesto perjudicaría el consumo, retraería la demanda y en consecuencia agravaría la recesión. Pero el hecho de que la recaudación por IVA en España (un 5,5% del PIB, casi la mitad que en Dinamarca, el 9,9%) fuera la más baja de la UE, dejaba al PP-Gobierno con débil defensa ante sus socios en este punto. Claro que más débil era el Gobierno de Irlanda a la hora de defender su bajísimo impuesto de sociedades, del 12,5%, muy por debajo de la media europea, lo que todos consideran un verdadero dumping fiscal (competencia impositiva desleal) y algunos, una situación “depredadora”, como se puso de manifiesto en la discusión de los detalles del rescate irlandés: y Dublín se salió con la suya. Y ya veremos qué ocurre en el debate del rescate de Chipre, que tiene un tipo del 10%. La carencia de soberanía no implica ausencia de autonomía. Y Madrid pudo haber fijado el nuevo tipo básico del IVA en el 21%, o en otro porcentaje, y cambiar o no de tipo a determinados productos y servicios. La armonización federalizante europea no implica uniformismo centralista bruselense.

Y la apuesta por la utilidad de las medidas adoptadas (“¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas?: La respuesta es un sí, con toda rotundidad”) se presenta como una fe ciega, en el sentido de que no se acompaña de argumentos económicos suficientes para ser sostenida. Por cuanto no se evalúa el impacto de las medidas, o se cuantifica con distintas cifras o de forma insuficiente, o clandestina. Por cuanto ninguno de los países que han aplicado programas del mismo formato han obtenido la reducción sustancial de su prima de riesgo. Por cuanto es dudoso que se logre aminorar de forma relevante el déficit, ya que la caída de ingresos provocada por la recesión podría superar fácilmente el recorte de gastos. A menos que empecemos a hablar también de crecimiento, de exportaciones, de relanzar la economía. Sin olvidar, por supuesto, la frugalidad.

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