El Gobierno elimina el límite máximo en las sanciones por fraude laboral

El Gobierno ha anulado el tope máximo de la cuantía de las sanciones por fraude laboral y a la seguridad social, que estaba en 187.515 euros, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida. Así consta en el anteproyecto de Ley ordinario que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Consejo Económico y Social y que se incluye dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas ficticias para cobrar subvenciones. El anteproyecto, que cambia varias leyes, eleva el rango de las sanciones y tipifica como "infración muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les hace ir a trabajar.

Según Sáenz de Santamaría se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la vigilancia. Al respecto, ha recordado que en los seis primeros meses del año se han descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000 contrataciones falsas.

"Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido. Los objetivos de la futura ley son hacer aflorar economía sumergida y generar recursos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. También persigue combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador y se pagará un 20 % más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente. No obstante, la norma contempla deducciones de hasta el 50 % si la multa se paga en tiempo y forma y la cuantía de la misma supera la de la de sanción inicial, con el fin de que al defraudador no le compense más pagar la sanción que cumplir con sus obligaciones legales.

Se excluye del tipo de infracción grave el no ingreso de las cuotas debidas cuando la empresa esté en declaración concursal o responda a un supuesto de fuerza mayor, o haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora.

Más inspectores

El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria y amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.

Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo, la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.

El Ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde puede haber bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo aflorado. También trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.

"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".

El anteproyecto de Ley modifica, entre otras normas, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social.