España pide ayuda y ofrece sacrificios

La sensación de que el euro se cae a trozos; la impresión de que ya no es este o aquel país, de que es el edificio europeo el que amenaza derribo. Pero primero los hechos: el Gobierno pidió este lunes formalmente el rescate para la banca a los socios de la eurozona. Grecia, Irlanda y Portugal preceden a España en esa ominosa lista de países que han acudido (con escaso éxito, por el momento) a la cicatera solidaridad europea, a la que sin solución de continuidad se suma ya una víctima adicional.

Chipre, la pequeña isla del Mediterráneo oriental, ha sido incapaz de sobrevivir al vendaval griego y pide ayuda a la desesperada. Italia es la siguiente víctima propiciatoria, y se especula incluso con que España tenga que ser intervenida con un rescate para toda la economía si la próxima cumbre, a priori tan decisiva como suelen ser las cumbres en esta crisis agónica, no consigue avances significativos. Los cinco países rescatados o en vías de rescate suman 75 millones de habitantes; una sexta parte del PIB de la Eurozona. Pero la pieza grande es España: a Bruselas le faltó tiempo este lunes para recordar al Ejecutivo que la petición lleva aparejada “en paralelo” un control estricto del ajuste del déficit y de las reformas.

Mariano Rajoy defiende que el rescate solo impone nuevas condiciones a los bancos, pero el mismo día en el que se hacía oficial la petición, y en plena zozobra en los mercados, el presidente dio muestras de que el mensaje de la Comisión va a misa. “Pronto, a lo largo de este año”, dijo Rajoy, “habrá nuevas medidas económicas, por difíciles que sean”. Más sacrificios, en fin, tras dos años de reformas laborales, recortes de salarios, despidos de funcionarios y subidas de impuestos por parte de Gobiernos del PSOE y del PP, que no han impedido que España se vea obligada a pedir socorro por el enorme agujero que ha dejado en la banca el pinchazo del ladrillo.

La carta enviada a Bruselas habla solo de condiciones financieras

En la carta remitida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, solo hay referencia a la “condicionalidad financiera” que conlleva el rescate. No hay nada relativo al ajuste del déficit y a la necesidad de profundizar en las reformas, cuestión que sí se reflejó en el acuerdo del Eurogrupo que dio pie a la petición del rescate. Aparentemente, la idea era evitar mezclar en el debate condiciones antiguas (al Gobierno español), con condiciones nuevas (a la banca). Aparentemente, porque las palabras de Rajoy vuelven a colocar el debate de las condiciones en primera línea.

El movimiento táctico de Rajoy —se tomarán “grandes decisiones”, “por difíciles que sean”— en un día tan señalado indica que el Gobierno tiene ya asumido que las sugerencias de Bruselas se han convertido en órdenes. El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, recordó que todas las recomendaciones europeas son obligaciones para los países con desequilibrios presupuestarios, más aún cuando un rescate les pone bajo la lupa de sus socios. Eso, traducido a la situación española, significa que el Gobierno tendrá que subir el IVA, aprobar el retraso de la edad de jubilación antes de lo previsto o, según anunció Bruselas, ceder soberanía en organismos supervisores como el Banco de España —con su credibilidad herida de muerte por los continuos ataques del propio Ejecutivo— y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay ayudas multimillonarias a cambio de nada. “Pensar que hay países que dan dinero gratis es vivir fuera de la realidad”, espetó Almunia. La Comisión, el FMI y el BCE ya estaban encima de España, en una intervención de baja intensidad que dura más de dos años y que se tradujo en una conversión a la austeridad del anterior jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a la que han seguido recortes aún más duros por parte de Rajoy. Sin éxito: aquí está el temido rescate. Muy pronto, a partir del 9 de julio, se conocerán las condiciones europeas. Y, mientras, las misiones a España no se detienen: las visitas de los hombres de negro van a ser aún más frecuentes. La próxima llegará esta misma semana.

“Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de España para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran”. Así arranca Guindos la misiva en la que se reafirma que la institución receptora del dinero será el Fondo para la Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), “en representación del Gobierno de España”. Esa es la mayor pega que ponen los inversores al crédito europeo para la banca española: las normas del fondo de rescate obligan a otorgarlo a través del Estado, lo que lleva a un repunte de la deuda pública española, ya muy castigada. El riesgo país español repuntó de nuevo ante el temor de los inversores. Para suavizar esa percepción, el Gobierno ha alimentado la expectativa de que es posible una inyección directa en la banca, pese a las sucesivas negativas de Alemania. Es una vía cegada en el presente, tal y como se reconoce en la carta al recalcar que el FROB actuará “en representación del Gobierno”.

Aun así, Guindos no deja de reseñar que la materialización del rescate “tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad, y aquellas que se puedan decidir en el futuro”. Un agarradero al que asirse si las discusiones en el seno de la UE sobre cómo romper el vínculo entre la deuda bancaria y la deuda pública se materializan pronto en algún tipo de acuerdo, que hoy por hoy es poco probable. Un portavoz de la Comisión señaló a este respecto que las reglas actuales de los fondos de rescate “impiden la recapitalización directa de los bancos”, a pesar de las insistentes peticiones de España e Italia. Esa cuestión volverá a ponerse sobre la mesa en la cumbre de esta semana, en el marco del proyecto de unión bancaria europea.

Almunia: “Pensar que hay países que dan dinero gratis es vivir fuera de la realidad”

El Ejecutivo vuelca su limitada capacidad de presión en arrancar las condiciones que menos devalúen el valor de la deuda pública, en lograr el tipo de interés más bajo (en torno al 4%) y el plazo de devolución más amplio posible (hasta 30 años, aunque el Ejecutivo descarta esa cifra). También debe precisarse aún si se usará para esta operación el fondo de rescate permanente cuando entre en vigor, algo por lo que aboga buena parte del Eurogrupo. En las normas de ese fondo se establece la preferencia en el cobro en caso de impago, en perjuicio de los inversores privados, lo que podría llevar a un mayor castigo de la prima de riesgo. El Gobierno también pelea en ese frente.

En cuanto a la cuantía del préstamo, la referencia es el reciente dictamen de los evaluadores externos, que la semana pasada aseguraron que los bancos españoles necesitarían entre 51.000 y 62.000 millones para recapitalizarse. Puede acabar siendo menos —la estimación es el resultado de escenarios extremos, y algunas entidades pueden captar capital por sí mismas—, pero también más: a falta de las evaluaciones entidad por entidad, es posible que Economía se quiera garantizar un colchón de seguridad. La cifra final será fruto también de una negociación en la que España tiene cada vez menor margen: los hombres de negro llegarán a finales de semana a Madrid para volver a indagar en las cuentas de los bancos y empezar a hablar de condiciones. Si nada cambia, el Estado será el responsable último de esa “línea de crédito” —como gusta en llamar el Gobierno al rescate— para los bancos. El Estado es aquí una manera elegante de decir el contribuyente español.