Cajasur, la caja de la Iglesia, también se apuntó a la fiesta del ladrillo

Cajasur murió en una habitación sin ventanas el 21 de mayo de 2010. Los 20 miembros del último Consejo de Administración se reunieron aquella noche en este oscuro salón con las paredes forradas con cuero repujado y los retratos de los prelados que habían presidido la caja durante sus 150 años de vida. En la mesa de la sala de juntas estaba el ultimátum del Banco de España: o la entidad cordobesa firmaba la fusión con Unicaja para tapar el enorme agujero de sus cuentas o los hombres de negro (que no eran, precisamente, sacerdotes) tomarían el mando.

“El deterioro de la caja no admite más dilaciones”, advirtió al inicio de la reunión el presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra. “Hoy ha habido una retirada de depósitos por importe de 23,8 millones, cuando lo normal estaba en torno a tres”, añadió el sacerdote, que ahora es obispo auxiliar de Sevilla, algo así como el delfín del arzobispo hispalense.

Pero, sorprendentemente, Gómez Sierra no propuso a los consejeros que aprobaran la fusión. Pidió que se votara a favor de enviar una carta al Banco de España en la que, de facto, se solicitaba la intervención de Cajasur. Un suicidio. “La propuesta planteada supone dejar morir al enfermo, desconectarlo de la máquina”, alertó Luisa Ruiz Fernández, consejera nombrada por los socialistas, según el acta de la reunión. El documento retrata el desesperado intento de varios de los consejeros, designados por PSOE, IU y PP, por convencer al sacerdote Gómez Sierra —que controlaba el Consejo— para que aceptara la unión con Unicaja. “El tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio, pero hay que ser conscientes de que tenemos la oportunidad de evitarlo. Nadie nos perdonará esta decisión”, espetó el exvicepresidente Salvador Blanco (PSOE).

La caja registró 1.100 millones de pérdidas en 2010, el año que el Banco de España la intervino

Pero no hubo forma de hacer entrar en razón al sacerdote, que mantenía una difícil relación con Braulio Medel, presidente de Unicaja. Tras un receso de 15 minutos, se produjo la votación: los seis sacerdotes del Consejo, cuatro impositores y el representante Aspromonte, sindicato afín a la Iglesia, aceptaron la propuesta de Gómez Sierra. Cajasur fue intervenida esa misma noche y, posteriormente, vendida a la vasca BBK, que reclamó al FROB 392 millones para hacer frente a la desastrosa situación de la caja controlada por el Cabildo catedralicio de Córdoba. La entidad cerró 2010, el año de su intervención, con 1.100 millones de pérdidas.

Pero ese es el final de la historia. El comienzo hay que buscarlo una década antes. La Iglesia católica también se sumó a la fiesta del ladrillo patrio. En realidad, fue una alumna adelantada de la burbuja en los años en los que controló la extinta Cajasur.

El entramado de créditos y participaciones empresariales que se tejió alrededor de la construcción a principios de este siglo fue lo que llevó a la caja a la quiebra. En el verano de 2009, cuando la crisis del sector ya estaba declarada, la entidad y sus participadas tenían atrapados 1.700 millones: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo.

Cajasur miró al mar. La entidad, de la mano del promotor cordobés Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya, recaló en la Costa del Sol, uno de los epicentros de la reciente orgía de ladrillo y corrupción. La entidad también se alió con las constructoras cordobesas Prasa y Sánchez Ramade. La mala política crediticia desbocó la morosidad. En 2004, cuando el Banco de España abrió el primer expediente a los gestores, la tasa de morosidad era del 3,5%, frente al 0,6% del sector. Cinco años después, era del 10,4%, el doble de la media. “La cartera crediticia era una bomba de relojería que tardó en explotar cuatro o cinco años”, dice un antiguo ejecutivo de Cajasur.

El Banco de España ha expedientado a 38 exconsejeros y directivos tras la intervención de 2010. Todos los sancionados (también los sacerdotes) han achacado la ruina de la entidad a la gestión del expresidente Miguel Castillejo, el sacerdote que estuvo al frente 30 años, hasta el verano de 2005. “Cajasur estaba herida de muerte antes de la crisis”, opina un exconsejero de la entidad, que sitúa la génesis del problema entre 2002 y 2004. Durante ese periodo la entidad estuvo bajo la tutela del Gobierno central gracias al amparo que le ofreció Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía y ahora protagonista de la quiebra de Bankia.

“Durante esos años Castillejo se desmelenó”, añade el antiguo directivo. Por ejemplo, en diciembre de 2004 la caja tenía concedidos préstamos por valor de 400 millones a Rafael Gómez, 209 a Prasa y 143 a Sánchez Ramade. La entidad sobrepasaba el límite legal del 25% de concentración de riesgos con esos tres grupos: Rafael Gómez (39,1%), Prasa (37,8%) y Sánchez Ramade (30,8%), según el expediente de 2005. El Banco de España advertía: “El 22% de la inversión total se concentra en los segmentos de riesgo promotor y compraventa de suelo. En un considerable número de estas financiaciones se ha apreciado un marcado sesgo especulativo”.

Castillejo dejó la entidad en el verano de 2005, después de que la Junta y la Iglesia cerraran un acuerdo para la vuelta de la caja a la tutela autonómica. El Banco de España ya hacía un estrecho marcaje para que Cajasur recondujera su situación. Pero la crisis y la inestabilidad provocada por la falta de entendimiento en los órganos directivos entre los sacerdotes y los representantes políticos complicaron todo. La caja cambió cuatro veces de director general entre 2007 y 2009.

El Banco de España realizó cuatro inspecciones entre 2005 y 2008. Exigió a la caja “una mayor prudencia en las fases de concesión y seguimiento del riesgo crediticio, especialmente, en el sector inmobiliario”. Pero no se enderezó la situación. El supervisor obligó a Cajasur a finales de 2009 a aceptar un plan de salvación: la fusión con Unicaja. Esa unión no era del agrado de los sacerdotes. Los canónigos viajaron incluso al Vaticano para intentar buscar el respaldo papal.

"La cartera crediticia era una bomba de relojería", asegura un exdirectivo de Cajasur

Los meses transcurrieron sin que se terminara de cerrar el acuerdo con Braulio Medel. Y volvemos al Consejo de Administración de mayo de 2010. La postura de los canónigos no ha cambiado en estos dos años a la hora de defender la sorprendente petición de intervención. “Ha salido beneficiada la plantilla”, afirma uno de los religiosos que asistió al Consejo. El argumento de Gómez Sierra para rechazar la fusión era que no se había firmado el pacto laboral con los sindicatos.

La última propuesta de Unicaja en 2010 suponía un ajuste de 564 empleados en la entidad cordobesa. Tras hacerse cargo de la caja, BBK cerró en 2011 un ERE que ha supuesto la salida de 652 trabajadores de la matriz de Cajasur. Además, se ha despedido a otros 100 trabajadores del grupo de empresas y fundaciones.

“Acudir al FROB ya no tiene sentido alguno”, dijo Andrés Hens (IU) en aquel nocturno Consejo en que se debatía pedir la intervención: “Esta decisión no va a ser entendida por nadie, y los trabajadores los primeros”.