Hacienda suaviza el ajuste al cargar gastos extraordinarios al déficit de 2011

El Ejecutivo contabiliza pérdidas por el rescate de Unnim que en realidad asumirá la banca Incluye en el ejercicio pasado expropiaciones de Fomento sin pagar desde 2002 La partida extraordinaria de Gobierno y comunidades suma 4.000 millones, un 0,4% del PIB

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.ULY MARTÍN

El Gobierno justifica, una y otra vez, subidas de impuestos y recortes de gasto en la herencia de la legislatura anterior, que cerró con una desviación presupuestaria formidable, de 26.200 millones. Un desfase que fue un poco más abultado porque el Ejecutivo de Rajoy —y las comunidades, dirigidas también en su mayoría por el PP— apuraron el margen contable para anotar gastos extraordinarios a cuenta del último ejercicio socialista.

Bruselas avaló hace unas semanas el resultado global de las cuentas de 2011 —un déficit del 8,5% del PIB, frente al 6% previsto—, gestionadas por los socialistas pero cerradas por el Gobierno del PP. En el programa de estabilidad enviado el martes a Bruselas se detallan “impactos one-off [extraordinarios] que explican algo más de 4.000 millones de la desviación [del déficit] por el lado del gasto”. El Gobierno y las comunidades contabilizan así pagos equivalentes al 0,4% del PIB en el ejercicio pasado. Unos gastos que, por su naturaleza, no volverán a repetirse este año, lo que permite al Gobierno guardarse unas décimas del PIB bajo la manga del ajuste de 2012, el primero bajo gestión popular.

Fuente: Programa de Estabilidad 2012-2015
Fuente: Programa de Estabilidad 2012-2015EL PAÍS

La operación contable más llamativa es la relacionada con el rescate de la caja catalana Unnim. El  Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de naturaleza estatal, se apuntó en 2011 una pérdida de 594 millones por su participación en Unnim, que acabó siendo del 100%. El dinero del FROB había llegado a la entidad como participaciones preferentes, pero se convirtieron en acciones más adelante, al entrar la caja en números rojos.

El Ministerio de Economía aseguró que, dado que Unnim cerró 2011 con 469 millones de pérdidas, “las normas internacionales de contabilidad exigen anotar la participación del Estado como déficit. No es algo voluntario. Lo exige la ley y lo ejecuta el equipo de Contabilidad Nacional”.

No obstante, el Gobierno jugaba con ventaja. En diciembre de 2011, el Ejecutivo de Zapatero modificó la ley para que fueran los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas las que asumieran los costes del rescate de entidades. Es decir, el Ejecutivo de Rajoy sabía que, una vez que fuera vendida Unnim, el Fondo de Garantía le devolvería el dinero, como ha ocurrido.

Las comunidades cargaron en 2011  gastos de ejercicios anteriores por 1.700 millones 

El 7 de marzo, el FROB anunció que el fondo de la banca “aportará los fondos necesarios para que el FROB recupere el importe de su participación íntegra en Unnim”. Una operación que permitiría al al Gobierno anotarse esos 594 millones como ingresos de 2012 para paliar el déficit. Entre una operación y otra, el Ejecutivo de Rajoy descontaría hasta 1.188 millones del ajuste de este año, valorado en casi 35.000 millones. 

En el resto de gastos, variopintos, el nexo es la decisión de concentrar en el ejercicio de 2011 pagos que llevaban años sin contabilizar. Es el caso de los 600 millones que, según desveló nada más llegar al cargo la ministra de Fomento, Ana Pastor, debía el Gobierno por expropiaciones —algunas, anteriores a 2002— para construir carreteras.

También se reflejan como ingresos los 2.000 millones de las subastas del espacio radioeléctrico

En todos estos años, Gobiernos socialistas y populares han evitado contabilizar algunas expropiaciones hasta hacer efectivo el pago, práctica contable que había pasado el filtro de Bruselas. Ahora, el PP ha querido hacer borrón y cuenta nueva: se pagarán 600 millones de golpe en 2012, lo que, según cálculos de Pastor, se llevará el 20% del presupuesto para carreteras. Pero, aunque se pagará este año, el Gobierno se ampara otra vez en criterios de contabilidad nacional —el sistema aplicado en la normativa europea para las cuentas públicas—, para anotarlos en 2011. “Se contabilizan en el año en el que se conocieron esos gastos”, aduce un portavoz de Hacienda Algo parecido ocurre con la financiación del servicio postal universal. El nuevo presidente de Correos, Javier Cuesta, alertó de que estaban pendientes de pago 318 millones en subvenciones de 2008, 2009 y 2010. El Gobierno pagará los atrasos este año, pero los contabiliza también en 2011.

Por último, en los gastos extraordinarios que la Administración central carga al ejercicio pasado se incluyen también 799 millones por financiar inversiones locales. Es dinero que corresponde a obras realizadas por Ayuntamientos en el Plan E, los programas de gasto público lanzados por el anterior Ejecutivo para sostener la actividad. Hubo dos fondos estatales, en 2009 y 2010, pero la propia normativa permitía prórrogas para ejecutar proyectos, a lo que correspondería los casi 800 millones imputados a 2011. En el caso de las comunidades, se pone cifras a la denuncia política que airearon, de forma sincronizada, los nuevos gobernantes del PP tras las elecciones autonómicas de mayo: la existencia de gastos no contabilizados de ejercicios anteriores —facturas en el cajón—, que elevaban el déficit más allá de lo que reconocían sus antecesores socialistas.

La suma total no es tan abultada como se podía deducir de algunas declaraciones —la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, aseguró que había más de 800 millones sin contabilizar solo en su comunidad—, pero es significativa: por “gastos de sanidad y servicios sociales de años anteriores”, las comunidades consignaron el pasado ejercicio 1354 millones; y por inversiones sin computar, otros 346 millones.

En las operaciones extraordinarias se incluye también una partida de ingresos, aunque aquí no hay sorpresa. El Gobierno reseña los 2.000 millones (0,2% del PIB) que se lograron en 2011 con la subasta de licencias entre compañías de telefonía móvil. Para este año, el Ejecutivo del PP también ha planteado una vía de ingresos extraordinaria, con unos objetivos recaudatorios similares, aunque de naturaleza bien distinta: la amnistía fiscal.

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