El Estado nacionaliza con 4.751 millones tres cajas ahogadas por el ladrillo

El ladrillo ha pasado factura, una dura factura, a las cajas de ahorros más arriesgadas: CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim (Terrassa, Manlleu y Sabadell), que desde ayer están oficialmente controladas por el Estado. Los créditos al sector inmobiliario se han convertido en el veneno que les ha corroído lo más sagrado en una entidad financiera: el capital. Tenían de plazo hasta ayer para encontrar inversores privados y evitar el estigma de ser nacionalizados, pero no lo lograron. Las tres son fusiones entre cajas de la misma región que se hicieron más con criterios políticos que financieros, pero el supervisor no se opuso y ahora se ven las consecuencias.

El caso más sangrante es el de Unnim; el Estado la ha valorado en un euro simbólico, después de que los tres informes independientes coincidieran en que la entidad tenía un valor negativo de decenas de millones de euros. No obstante, el supervisor mantuvo a los gestores aunque echó a todos los consejeros. El supervisor advirtió a sus clientes de que las tres entidades ya no tienen ningún problema de solvencia porque sus activos están garantizados por el Estado español.

Ordóñez da por completada la etapa, aunque "este es un proceso abierto"

El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, hizo un balance positivo del proceso, "sobre todo porque se ha hecho en el peor momento de los mercados de los últimos 70 años" y dio por completada "una etapa de la recapitalización" del sector financiero. Sin querer dar un carpetazo definitivo ("este es un proceso abierto"), Ordóñez hizo un balance positivo del proceso. La factura para el Estado asciende a 7.551 millones, incluidos los 2.800 millones colocados en el capital de la Caja Mediterráneo (CAM). Ordóñez dio ayer casi por perdidos estos 2.800 millones "por la mala gestión de sus directivos y por otras cosas", comentó de manera imprecisa.

El responsable de este organismo reconoció que "a los ciudadanos 7.551 millones les puede parecer una cantidad muy elevada. Lo entiendo, pero si se compara con lo que han dedicado por ahí fuera no es mucho". Ordóñez destacó que el proceso ha permitido redimensionar el sector "después de la borrachera que se produjo entre los años 1994 y 2006, y que hizo que creciera por encima de lo que el país se podía permitir".

Este redimensionamiento ha sido especialmente intenso en el sector de las cajas, que ha pasado de 45 a 15 entidades, y con un recorte medio de plantillas y oficinas del 17% desde el inicio de la crisis. El proceso se abrió por el real decreto del Gobierno, de marzo pasado, que obligó a las entidades a tener un 10% de capital principal si no cotizan en Bolsa ni tienen inversores privados. En caso contrario, la exigencia era del 8%.

"Examinamos a 114 entidades y solo 13 no cumplían con la norma. Son las 13 de las que hablan los medios, por lo que se amplifica el problema, pero no hay que olvidar el contexto general", comentó el gobernador. La mayoría de las afectadas ampliaron capital (Barclays, Deutsche y Bankinter), salieron a Bolsa (Bankia y Banca Cívica) o se fusionaron (Caja Duero con Unicaja). Dos grupos de cajas, BMN (liderada por Caja Murcia) y Liberbank (capitaneada por Cajastur) cuentan con un plazo adicional de 25 días para buscar inversores privados. De lo contrario, el Estado pondrá 810 millones más. No obstante, el supervisor dijo que la situación de estas dos cajas era "sólida".

El resto, han quedado nacionalizadas. Ahora el Estado tiene el 100% del banco de Unnim, el 90% de CatalunyaCaixa y el 93% del NCG Banco, entidad que asume los activos financieros de Novacaixagalicia. El FROB, aconsejado por tres bancos de inversión, valoró CatalunyaCaixa en un 9% de su valor contable y en un 12% el de la entidad gallega. La Generalitat y la Xunta se cerraron en banda a fusiones con entidades de otras regiones, pero al final esas cajas se han quedado prácticamente sin patrimonio. El Banco de España, que lo permitió pese a conocer su estado, ha tenido que sacar ahora la chequera.

¿Por qué no ha entrado el Estado en la gestión de estas tres cajas, como ha hecho en la CAM? "La gran diferencia con la CAM es que no es viable", dijo Fernández Ordóñez, "y estas tres creemos que sí tras un fuerte proceso de reducción de capacidad". El proceso legal de integración ha contado con la asesoría de Garrigues y los planes de negocio ya tienen el visto bueno de Bruselas.

Ordóñez mantuvo una calculada ambigüedad sobre si las entidades necesitarían más capital o con esto se da completamente cerrado el proceso. En Europa el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Estados Unidos han pedido una recapitalización de la banca europea. El gobernador destacó que ese problema se debe al posible impago de Grecia (y quizá otros países intervenidos) y las consecuencias que pudiera tener en los balances bancarios. "Ese problema afecta muy poco a las entidades españolas", recordó, como velado reproche a Michael Barnier, comisario del Mercado Interior, que hace unos días acusó al sector español de tener problemas de capital.

Sin embargo, en España lo que lastra las cuentas de las entidades y genera desconfianza internacional es la inversión inmobiliaria, sobre todo en suelo. "Según los cálculos de la Comisión Europea, el BCE y los nuestros, España se recupera moderadamente. Con estas previsiones, y tras la prueba de esfuerzo europea, la banca podría aguantar. Ahora bien, si el mercado continúa cayendo y los activos se deprecian, claro que hará falta más capital. Hay colchón, pero la crisis no se ha acabado y sigue muy dura". Incluso llegó a decir que la ley permite que el Banco de España llegue a "nuevas intervenciones", en una advertencia de que sigue vigilante. La crisis no se puede dar por cerrada.