El error argentino en la expropiación de YPF

Un país, su gobierno, es soberano para decidir qué inversiones directas extranjeras desea. También puede equivocarse en la elección. La decisión política sobre la aceptación o no de una inversión primaria es más fácil de adoptar que la concerniente a una de carácter secuencial, es decir, sobre una ya instalada en el país. Decidir unilateralmente sobre la salida de un inversor extranjero ya establecido en el país no es una opción libre, sin restricciones. Puede tener indudables costes económicos, comerciales y políticos (empeoramiento de la reputación internacional, y en el futuro, más o menos inmediato, para los decisores de tal medida expropiatoria).

Una decisión de expropiación como la tomada por el Gobierno de Argentina es una señal clara de un mayor nivel de riesgo de este país. Cuando el grado de riesgo de un país aumenta se convierte en uno de los factores que pueden determinar desinversiones futuras de empresas extranjeras ya instaladas (salida o abandono del país) y, en cualquier caso, es un factor que aconseja la revisión del nivel de exposición en dicho país así como del efecto que se pueda inducir hacia la cadena internacional en la que dicha inversión participe (lo que puede contribuir a una mayor desinternacionalización del país). Ante un aumento del nivel de riesgo país, la inversión directa futura disminuirá y las primas de riesgo país de carácter no comercial se incrementarán, lo que reducirá el comercio y la inversión.

Cuando el grado de riesgo de un país aumenta se convierte en uno de los factores que pueden determinar desinversiones futuras de empresas extranjeras ya instaladas

Las inversiones directas son a largo plazo, basadas no solo en expectativas de beneficio en dicho horizonte temporal, a través de la influencia directa y efectiva en la actividad empresarial a desarrollar, sino que también dependerá del funcionamiento y evolución de las instituciones del país. Desarrollo institucional y desarrollo económico deberían caminar conjuntamente. Las crisis económicas no deberían ir acompañadas de retrocesos institucionales. Sí, en cambio, pueden conllevar crisis políticas; que el poder (el Gobierno) puede tratar de evitar o desviar interesadamente a costa de la economía.

En condiciones de racionalidad económica y ausencia de externalidades negativas derivadas de la orientación de una decisión político-empresarial (condiciones de entrada no transparentes: sobornos, términos y precios de entrada no de mercado) la inversión directa extranjera (IDE) es un mecanismo eficiente en la asignación de recursos. La IDE puede ser entendida como una opción movilizadora de capacidades y recursos específicos de la empresa (capital tecnológico, capital comercial y capital gerencial) a nivel internacional para ser combinados con factores específicos de país (recursos naturales, infraestructuras, mercados, capital humano, cadenas de valor en red del país) que no son movilizables. Si esta combinación es productiva para ambos factores, de empresa y de país, y superior a otras opciones, la IDE puede ser calificada de eficiente: ambas partes ganan, responden a una estrategia ganador-ganador. El riesgo país, en sus diferentes manifestaciones, es un factor de localización de inversiones extranjeras. Un incremento de este riesgo es negativo para atraer nuevas inversiones y puede motivar la desinversión o reconsiderar la actividad a realizar; ambas cuestiones pueden constituir un coste para el país expropiador.

La historia de Argentina en los últimos años en el ámbito de la IDE y del riesgo país es notoria a tenor de los datos de arbitrajes sobre conflicto de inversiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del grupo del Banco Mundial y del United Nations Commission on International Trade Laws Arbitration Rules (UNCITRAL). Ambas instituciones registran más del 90% de los casos de arbitraje en curso. En este sector también hay que tener en cuenta las solicitudes de indemnizaciones en la industria del seguro de este tipo de riesgos (Unión de Berna). Tampoco parece considerar en demasía este país los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPRIs) firmados, que constituyen legislación internacional en sí mismos. En este contexto, se justifica el relativo liderazgo de inestabilidad institucional que Argentina ostenta. Algunas demandas se retiran del proceso por haberse alcanzado un acuerdo entre las partes en litigio.

La historia de Argentina en los últimos años en el ámbito de la inversión directa extranjera y del riesgo país es notoria a tenor de los datos de arbitrajes sobre conflicto de inversiones del CIADI del Banco Mundial y del UNCITRAL de la ONU

Argentina es un país en el que se ha venido manifestando en las últimas décadas cierto nivel de riesgo jurídico a través de las demandas de arbitraje, que sería mayor si se contabilizas en aquellas empresas que sin llegar a ser expropiadas no acuden a los tribunales de arbitraje a tenor de los cambios regulatorios y discriminatorios sufridos. El riesgo regulatorio se concreta en medidas políticas llevadas a cabo rompiendo unilateralmente (o bordeando) el marco contractual e institucional previamente existente, en el que se adoptaron decisiones de inversión. Con estas medidas se perjudica notoriamente al inversor en favor de la decisión política.

La decisión discriminatoria en contra de Repsol con la expropiación de YPF, es consecuencia de un manejo deslizante y progresivo del riesgo para justificar dicha decisión al final del horizonte planificado. Con ello además se han creado unas condiciones que han resultado en una infravaloración de la empresa expropiada (caída significativa del precio de las acciones tanto de YPF como de Repsol). Además, esta decisión resulta aún más sorprendente cuando el país de origen de la empresa expropiada es el primer inversor extranjero en Argentina y claramente un país de buenas y potentes relaciones: un buen socio. También lo es cuando hasta diciembre de 2011, momento en que parece comenzó a explicitarse el proceso deslizante de expropiación indirecta hasta su realización directa hace unos días, la empresa (Repsol) era considerada como un modelo de empresa argentina.

La expropiación de YPF se ha concretado en el 51 % de las acciones en manos de Repsol (que poseía un 57,43%) sin alterar la propiedad en manos del grupo empresarial argentino Petersen (25,46) ni del 17,1% en poder de fondos de inversión estadounidenses. La participación de Petersen (del empresario Ernesto Ezkenazi) que pagó un 10% y el resto se cubriría con los dividendos de la empresa (una buena inversión, sin duda, para el empresario argentino y una restricción o rigidez financiera para Repsol) es el resultado de la primera argentinización forzada de YPF en 2008. Entre los argumentos esgrimidos para decidir la expropiación se subraya la insuficiencia de inversión y el descenso de producción por parte de la empresa. Sin embargo, parece ser que la realidad de los datos no se corresponde con dichos argumentos. Desde la toma de control de Repsol, la inversión ha crecido notablemente. En cambio, es cierto que la producción ha caído en términos relativos en los cuatro últimos años pero menos que la que se ha registrado en otras empresas competidoras en Argentina: ¿no correspondería investigar porqué y en qué medida la regulación y la intervención es un factor explicativo de esta realidad? ¿Por qué no se ha producido una coevolución institucional y empresarial? Sin embargo, las reservas de petróleo de YPF no han descendido significativamente y ofrecen un perfil algo más positivo que el mostrado por el conjunto del país. De otra parte ha crecido el empleo, puestos directivos son ocupados por argentinos en YPF y en otros lugares. La tecnología aplicada es avanzada. Repsol ha sido el primer inversor y el primer contribuyente a la Hacienda de Argentina.

La decisión discriminatoria en contra de Repsol con la expropiación de YPF, es consecuencia de un manejo deslizante y progresivo del riesgo para justificar dicha decisión al final del horizonte planificado

Un elemento motivador de la decisión de expropiación puede encontrarse también en los descubrimientos de reservas de Vaca Muerta cuya explotación puede ayudar a la autosuficiencia energética del país. Este objetivo puede alcanzarse con importantes inversiones (¿quién proporcionará el capital financiero?, ¿con qué exigencias de seguridad jurídica y de rentabilidad lo hará?, ¿a qué grupos locales beneficiará realmente?), capacidades tecnológicas y gerenciales y mediante cambios institucionales y cooperación gobierno-empresa. Parece lógico pensar que el proyecto será de naturaleza multiempresarial y lo deseable sería que se realice basándolo en una estrategia de cooperación aceptada por los agentes que lo desarrollarán. Ha de ser el resultado de un proceso de negociación y de redefinición contractual entre las partes, en el que se logre una participación equitativa en el output. El cumplimiento de los contratos dependerá de su diseño, de la alineación de objetivos e intereses de los diferentes socios con los del propio Gobierno (y del país) y de los costes de vigilancia de cumplimiento. La distancia cultural, institucional y económica entre socios extranjeros con el socio local afecta a los costes organizativos: a mayor distancia mayores costes. A priori a menos distancia cultural, histórica e institucional menores costes organizativos.

Si la decisión de expropiación tomada es irreversible, el Gobierno argentino podría considerar en un futuro, más o menos inmediato, la incorporación al capital de YPF (y generar una considerable plusvalía) de otras empresas de países avanzados (tradicionales) o más lejanos cultural e institucionalmente hablando (empresa china Sinopec, por ejemplo) o establecer un marco de cooperación compatible o no con la entrada en el capital de la empresa YPF o de las futuras que se pudieran crear. Pensamos asimismo que entre los participantes en el desarrollo de Vaca Muerta se invitará a determinadas empresas extranjeras. Veremos entonces quién es quién.

La expropiación, como manifestación radical del riego país, es más probable que ocurra en países con regímenes políticos no democráticos y con gobiernos populistas que en regímenes democráticos

Quienes apoyaron fuertemente la privatización de YPF en 1999, son los protagonistas de la primera medida de argentinización en 2007-2008 (a favor de la familia Eskenazi) y los inductores de la expropiación del día 16 de abril de 2012. El comportamiento de la empresa, sus resultados, inversiones y política de dividendos en los últimos años (para que el empresario argentino pagara la adquisición parcial de su inversión en YPF) no justifica la decisión tomada en las condiciones manifestadas, si lo hace posiblemente bajo el entendimiento de un nacionalismo de los recursos naturales y geoestratégico (petróleo y gas, minería) que se suele manifestar en gobiernos populistas, que a veces observan una cierta discriminación en contra de los más cercanos. Rectificar es de sabios, sobre lo de antes y sobre lo de hoy, si la mejora de la economía del país lo aconseja, y no solo la de una parte de su población.

Según se aprecia en la evidencia disponible, la expropiación, como manifestación radical del riego país, es más probable que ocurra en países con regímenes políticos no democráticos y con gobiernos populistas que en regímenes democráticos. Posiblemente en el análisis del riesgo país más que la estabilidad política hay que observar el régimen político imperante. En cualquier caso la gestión posible y la adopción de medidas mitigadoras del riesgo país es una exigencia en las empresas multinacionales que deseen mostrar competitividad, eficiencia y responsabilidad económica, social y medioambiental.

La cooperación estratégica es la vía inteligente para reequilibrar las relaciones contractuales, redefiniendo los términos según las nuevas relaciones empresa-entorno. Los nuevos términos deseables han de ser restablecedores de un equilibrio (mínimamente inestable) y han de basarse en la negociación y el entendimiento en un marco de estabilidad regulatoria.